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Cómo investigamos a empresas que se niegan a la transparencia

El paso a paso de la construcción del especial «Secreto en la patria contratista», un registro de empresas que no quieren presentar sus declaraciones de bienes y rentas pese a ser contratistas del Estado.

Romina Cáceres

El especial «Secreto en la patria contratista» es un registro de empresas que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 6355/19, que obliga a sus dueños a declarar sus bienes y rentas a la Contraloría para presentarse a licitaciones. ¿Cómo decidimos hacer este trabajo? ¿Qué fuentes utilizamos? ¿De qué manera organizamos la información? Te contamos el camino que seguimos para revelar al poder detrás del poder: el sector empresarial.

¿Por qué un especial sobre empresas? 

Decidimos crear el registro porque consideramos que es de interés público conocer cuáles son las empresas contratistas del Estado que se oponen a rendir cuentas, a pesar de que parte de sus ganancias provienen de las adjudicaciones de dinero público. También nos parece importante evidenciar el doble discurso que algunas manejan respecto a la transparencia.

La primera publicación sobre empresas que accionaron contra la ley de declaraciones juradas es del 24/06/2020. Hacer un registro con esa información todavía no estaba en los planes.

La información pública fue el corazón del especial 

Para crear este registro, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia las resoluciones que suspenden la ley para las empresas accionantes. Su Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública respondió dentro del plazo, aclarando que por el volumen de la información solicitada teníamos que retirar los documentos del Palacio de Justicia. Así fue que para mediados de julio, retiramos las fotocopias de 160 resoluciones de la Sala Constitucional de mayo a julio de 2020.

Una vez que tuvimos esta información en nuestro poder, nos dimos cuenta de que nos llevaría mucho tiempo procesarla. Una sola resolución podía contener de una a cinco empresas o 80 accionantes, como ocurrió en un caso. Así que para comenzar, delimitamos ese universo a 30 empresas, que era una cantidad manejable para una carga manual (tipear 80 nombres de una misma familia fue un gran ejercicio para establecer conexiones con otras empresas).

De la revisión de documentos también aprendimos la importancia de segundos nombres y segundos apellidos para identificar a un mismo accionista en empresas que no guardan relación aparente.

Los criterios que usamos para elegir las empresas

Definimos los siguientes criterios: su ubicación en el ranking de proveedores del Estado y su relevancia política, teniendo en cuenta que no todas son grandes contratistas –algunas ni siquiera tienen contratos públicos– pero forman parte de grupos empresariales poderosos.

Para el primer criterio, utilizamos el ranking de proveedores disponible en la página de Contrataciones Públicas. Nos fijamos en las primeras 20 empresas que aparecen ahí. A esto le sumamos la información de cada empresa disponible en la misma web, que contiene el historial de las licitaciones en las que participó, montos adjudicados, representantes legales y más.

Para el segundo criterio de relevancia política, buscamos los antecedentes de estas contratistas en los medios de prensa. Encontramos publicaciones muy relevantes, algunas incluso de hace 15 años atrás que nos daban la perspectiva de que, estructuralmente, nada cambió.

Un vacío de información sobre la propiedad de las empresas

El mayor problema con el que tropezamos fue la falta de información sobre los dueños de las empresas. Si bien existen clanes familiares bien identificados en ciertos rubros, hay firmas que pasan desapercibidas pese a acumular cantidades importantes de contratos públicos. Son escasas las que detallan la conformación de su directorio, mientras que la web de Contrataciones consigna solo a representantes legales.

Fuimos recopilando estos datos en una hoja de cálculo, que luego subimos a la base de datos que utilizamos en El Surtidor: Airtable. Definimos los campos a mostrar de la siguiente manera: empresa, antecedentes, accionantes (quienes presentaron la inconstitucionalidad), accionistas y directivos, representante legal, sector, cantidad de adjudicaciones desde 2010 y montos.

Así cargamos los datos en el Airtable, que nos permite bajar el registro en formato csv. Cualquier persona puede descargar el archivo desde el especial.

A la par del proceso periodístico, los equipos de diseño visual y desarrollo tecnológico trabajaron en la presentación de la información. Tenían el enorme desafío de hacer digerible un cúmulo de información antipática. Así fue que construyeron un micrositio visualmente amigable que incluye un buscador y la posibilidad de descargar la base de datos de las 42 empresas disponibles al 22 de abril de 2021. Actualizamos la lsita de forma periódica.

Una ventaja de haber construido este registro es la posibilidad de utilizar la información para otros trabajos. Basta con buscar el nombre de alguna empresa o algún apellido y se obtienen los antecedentes. En el mediano plazo, el objetivo es ampliar la lista de empresas y visualizar las conexiones entre ellas.

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