Este reportaje ha sido actualizado a 02/06/2021 para reflejar novedades sobre el proyecto en Cámara de Senadores.

El 16 de diciembre de 2020, mientras nadie prestaba atención, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modifica y amplía varios artículos del Estatuto Agrario, la principal ley que rige la regulación de tierras públicas en Paraguay. El proyecto fue presentado por los diputados Avelino Dávalos (Caazapá – ANR), Pastor Soría (San Pedro – ANR) y Hugo César Capurro (Misiones – PLRA llanista) como miembros de las comisiones de Bienestar Rural y la de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente. El proyecto fue calificado como «lo más acertado» en una audiencia pública por el presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Diego Torales, que a su vez participó como representante de la ARP en el consejo del INDERT, donde felicitó a los proyectistas. Su única objeción: que el Indert esté habilitado de oficio a pedir mensuras judiciales en sitios donde haya sospechas de que se ocupan tierras fiscales. «Ya tenemos demasiados casos pendientes para abrir nuevos expedientes», argumentó.

Los cambios al Estatuto Agrario son varios, y no todos son cuestionables. Por ejemplo, amplía como beneficiarios de la reforma agraria a docentes que enseñan en las colonias campesinas o agrega como causal de desafectación de tierras públicas a quienes cometan delitos ambientales en ellas. 

Pero la principal modificación está en el artículo 88, que habilita «por única vez» a que quienes «ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la Región Oriental, patrimonio del Organismo de Aplicación» que es el Indert, a tener derecho a adquirir la fracción ocupada aunque «no sean considerados beneficiarios» de la reforma agraria. Los mismos podrán pagar el 70% del valor de la tierra en el mercado.

En palabras de Juan Antonio León, abogado agrarista parte del Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (CEIDRA), dependiente de la Universidad Católica, el proyecto da oportunidad a que tenedores de tierras malhabidas legalicen su estatus, lo que elimina la posibilidad de recuperarlas. 

De acuerdo con el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), serían aproximadamente 8 millones de hectáreas las tierras que la dictadura de Stroessner dio a  empresarios y políticos amigos de Stroessner — el mismo tamaño del territorio de Panamá. Entre quienes recibieron propiedades figuran el padre del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, las familias Zavala y Bendlin, el ex director de Itaipú Ernst Bergen o el tío del ex presidente Cartes, Rubén Viveros Cartes. El proyecto, además, se da meses después de que una serie de publicaciones periodísticas — entre las que se encuentra un reportaje de El Surtidor sobre cómo el hermano del senador Fidel Zavala revendió sus tierras malhabidas al Estado — echara luz sobre el tema. En ese entonces, el senador Zavala puso en duda el trabajo de la CVJ.

La modificación al artículo 88 «contradice toda la estructura del Código Civil que establece sobre los actos nulos y anulables, se los deroga con el solo fin de no molestar a sectores muy poderosos como la ARP o la UGP», dice el abogado Juan Antonio León. La nulidad de los títulos otorgados por el entonces IBR durante la dictadura, por incumplir con el Estatuto Agrario de aquel momento, fue durante años el principal argumento jurídico en los escasos intentos de recuperación de tierras malhabidas.

Lista total de los artículos modificados con el Estatuto Agrario aprobado en Diputados.

Esta disposición no solo serviría a quienes accedieron a tierras malhabidas durante la dictadura, señala León. «Se pretende facilitar posesiones irregulares. Existen asentamientos enteros que desaparecieron bajo los sojales o se encuentran usurpados por ganaderos, que en ambos casos han comprando posesiones precarias o «derecheras» con anuencia de los propios campesinos y los funcionarios del INDERT que generalmente actúan de intermediarios para instalar las irregularidades», explica. 

El problema de venta de derecheras conjuga la falta de ausencia de planes productivos, infraestructura y apoyo técnico para las colonias campesinas, en contraposición a la gran inversión pública para el agronegocio y el avance de sojales en asentamientos, poniendo en peligro de intoxicación por agroquímicos a niños, niñas y adolescentes, como puede verse en lugares como Limoy, Mingá Porá. Los investigadores Luis Rojas y Abel Areco documentaron en el libro Las colonias campesinas de Paraguay de Base Investigaciones Sociales que según el propio INDERT, entre el 35 y 40% de las tierras de la reforma agraria que el Estado otorgó para la creación de colonias  — producción de agricultura familiar— han sido usurpadas.

El artículo 88 no es la única modificación a favor del agronegocio. El artículo 20 del Estatuto Agrario fue cambiado para habilitar de vuelta a ganaderos como posibles beneficiarios de tierras públicas en la Región Oriental. La redacción de la ley vigente sólo los habilitaba a ser beneficiarios en el Chaco. 

Para León «el Estado no puede o no debe estar adquiriendo tierras para ganaderos que están muy protegidos gremialmente y cuentan con grandes extensiones de tierra en ambas regiones». La rehabilitación a ganaderos a acceder a lotes de hasta 470 hectáreas en la Región Oriental, según el abogado, «permitiría que una o dos personas sean dueñas de un terreno que podría albergar a decenas de familias agricultoras».

El tiro de gracia a la reforma agraria

A instancias del Servicio Nacional de Catastro en una audiencia pública, el proyecto aprobado por Diputados también exige en su artículo 16 la ausencia de «antecedentes judiciales y policiales» para ser beneficiado con tierras de la reforma agraria. El cambio a simple vista puede parecer una medida correcta. Pero CEIDRA y voceros y voceras de organizaciones campesinas como Gaspar Florenciano de la Organización por la Lucha por la Tierra (OLT) y Perla Álvarez, de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), advierten que la modificación puede excluir a cientos de campesinos judicializados de forma arbitraria en el marco de la lucha por la tierra en Paraguay. «La única forma de que el Estado te haga caso cuando se trata de tierra es manifestarse u ocupando», dice Florenciano de la OLT. La preocupación es real cuando se tiene en cuenta la multitud de casos documentados de imputaciones y persecuciones policiales y judiciales selectivas contra campesinos en Paraguay, como ocurrió en la masacre de Curuguaty, donde 11 personas fueron condenadas sin pruebas. 

Fragmento de la carta enviada por el Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (CEIDRA) pidiendo al presidente de la comisión de Bienestar Rural del Senado, Pedro Santacruz, el rechazo a un estatuto «cuyo único fin es facilitación y titulación de lotes fiscales a personas físicas o jurídicas que los han obtenido por vía de la apropiación indebida»

En el libro «Judicialización y violencia contra la lucha campesina» de lxs investigadores Abel Areco y Marielle Palau analizaron varios casos de imputaciones selectivas por reclamar tierras o protestar contra fumigaciones ilegales en sus comunidades. Un registro de El Surtidor documenta al menos 33 casos más que afectaron a mujeres campesinas e indígenas desde la caída de la dictadura.

Para Perla Álvarez de Conamuri, el nuevo estatuto aprobado por Diputados «es un paso atrás en términos de realización de la Reforma Agraria, que es un mandato constitucional, y va en contra de los derechos campesinos». Tanto Conamuri como OLT denuncian que no fueron consultadas en la elaboración de un estatuto que les afectará directamente. Analizan a la fecha qué acciones tomarán para evitar que la ley se apruebe en el Senado. El 18 de mayo, la Federación Nacional Campesina (FNC) ya realizó mítines en Caaguazú, Canindeyú y San Pedro en rechazo al proyecto colorado y llanista. CEIDRA, por su parte, envió una carta al senador Pedro Santacruz (PDP), presidente de la comisión de Bienestar Rural de esa cámara, donde enumera los principales argumentos en contra del nuevo estatuto. La otra comisión a cargo de su estudio en la Cámara Alta es la de Legislación, a cargo de Sergio Godoy (ANR).

Actualización 02/06/2021

Tras la publicación de El Surtidor, la presión de diferentes organizaciones sociales como Codehupy y Decidamos y movilizaciones de gremios campesinos como la FNC, el senador Pedro Santacruz confirmó a nuestro medio la posición de la oposición: senadores del Frente Guasú, el Partido Democrático Progresista y el sector de Victor Ríos en el PLRA votarán por el rechazo absoluto al nuevo proyecto de Estatuto Agrario que debe votarse el 3 de junio en el Senado. Su tratamiento es urgente, ya que de lo contrario tendrá sanción ficta. 

Anteriormente, fuentes cercanas a la discusión en la Comisión de Bienestar Rural habían declarado a El Surtidor la posibilidad de aprobar el proyecto en general y exigir la modificación del artículo 88, que legaliza la usurpación de tierras públicas por parte de herederos de la dictadura estronista, sojeros y ganaderos. Existía una preocupación inicial de no reunir suficientes votos de la oposición para reafirmarse en el rechazo en caso que la Cámara de Diputados vuelva a votar por el proyecto original.

El INDERT, que había estado ausente de las discusiones en la Comisión de Bienestar Rural del Senado sobre el nuevo Estatuto Agrario, envió el 28 de mayo una nota a senadores abogando por la modificación, no el rechazo del proyecto, según el documento al que accedió El Surtidor. El ente sugiere eliminar el citado artículo 88, pero solo retocar el 20, que habilita a ganaderos a recibir tierras públicas en la Región Oriental. Según el INDERT (ver captura del documento), es necesario “dar respuestas a los casos de mini ganaderos de la Región Oriental”. La propuesta del INDERT es permitirles a ellos regularizar sus tierras pero prohibir la creación de nuevos asentamientos ganaderos en tierras públicas de la Región Oriental.

Fragmentos de consideraciones enviadas por el INDERT al Senado sobre Nuevo Estatuto Agrario, al cual accedió El Surtidor.

Para el abogado Juan Antonio León, del Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (CEIDRA), la iniciativa del INDERT sería “legalizar la usurpación de tierras, aún eliminando el artículo 88, por parte de grandes ganaderos en nombre de los pequeños productores”. Según León, dejar la puerta abierta a la regularización de lotes ganaderos en tierras públicas, pese al supuesto máximo de trescientas hectáreas propuesto por el INDERT, “terminaría cumpliendo el mismo objetivo” debido a la falta de transparencia a la hora de titular en el ente estatal.
Abel Areco, investigador y abogado de BASE IS, parte de Codehupy, sostiene que el rechazo al nuevo Estatuto debe ser “absoluto” al haberse propuesto “a espaldas de la gente más afectada por el proyecto” y que su aprobación “sería el tiro de gracia a todos los reclamos campesinos sobre tierra hoy, que se sostienen en recuperar propiedades malhabidas”. Varias organizaciones, como Decidamos, el Centro de Documentación y Estudios, Heñói y Serpaj, habían firmado un pronunciamiento conjunto donde advertían que aprobación del proyecto de Diputados “rompe el pacto social vigente en nuestro país”. La Federación Nacional Campesina realizó protestas en Asunción, Misiones y Guairá exigiendo el rechazo. La Conferencia Episcopal Paraguaya declaró en un comunicado fechado el 2 de junio que “la aprobación inconsulta de este proyecto de ley puede traer graves consecuencias sociales”.

Actualización 20/05/2021

A través de un video publicado en las redes sociales de la Asociación Rural del Paraguay, el abogado Diego Torales, representante de la ARP ante el INDERT, acusó indirectamente a El Surtidor de «faltar a la verdad». Torales niega que tanto él como la ARP hayan tenido «algún tipo de participación» en la elaboración de las modificaciones del Estatuto Agrario en Diputados. También asegura que no participaron de «audiencia alguna», ni que se les haya pedido opinión sobre las modificaciones al Estatuto Agrario que legalizarían el robo de tierras malhabidas.

Sin embargo, El Surtidor accedió a audios del Sistema de Información Legislativa donde se puede verificar la intervención de Torales, en nombre de la ARP en la Audiencia Pública que Diputados realizó sobre el proyecto en 2019.