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Hoy 30 de agosto, estudiantes secundarios y universitarios vuelven a las calles. Exigen, entre otros puntos, que la educación sea realmente gratuita, almuerzo escolar y cobertura de los cargos de docentes
30·08·19
Detrás de sus reclamos, hay un país donde –a excepción de una élite privilegiada que monopoliza el poder político y económico– la población se enfrenta a la frustración y las limitaciones que implica tener uno de los peores sistemas educativos del mundo.
Desde el 2016, con las tomas de colegios, cubrimos la crisis educativa de Paraguay. En este especial te contamos algunas de sus aristas.
En 2016, el mismo año que Paraguay empezó a exportar vacas por avión, se calculaba que una escuela pública se derrumbaba por mes. La estadística era la punta del iceberg. Niñas explotadas a cambio de ir a la escuela, docentes enseñando en medio del conflicto armado en el norte del país, miles de personas estafadas por universidades garage, estudiantes que arriesgan su vida para terminar su carrera y las esperanzas de la primera mujer de una comunidad indígena en una facultad.
Esas historias las contamos en #EscuelasQueCaen, una serie ganadora del Premio Peter Benenson al periodismo de Derechos Humanos.
Mientras Mario Abdo se ufanaba frente a empresarios de que Paraguay es casi un paraíso fiscal, Eduardo Petta pedía a la gente que done su vuelto de super para comprar pupitres. Los problemas de un sistema fiscal injusto que recarga en la gente común el gasto en educación para alivianar el aporte de los poderosos los explicamos en este reportaje ilustrado en nuestra web.
En 2018, un informe del Banco Mundial llegó a la conclusión de que la educación en Paraguay, en vez de dar más oportunidades, aumenta la desigualdad.
Desde principios de 2019 el Ministerio de Educación no puede cubrir las vacancias de profesores. Pese a numerosas promesas y algunos avances, estudiantes denuncian que terminarán el año sin dar materias enteras.
Son varias las causas de la expulsión del sistema educativo: pobreza, falta de apoyo escolar, sensación de que el estudio no prepara para el trabajo. Otra causa que se suma es el embarazo adolescente.
En Paraguay, movimientos relacionados al lobby cristiano fundamentalista se oponen a que se imparta educación sexual para prevención de abusos y embarazos precoces.
En febrero de 2019, una investigación de El Surtidor demostró que por años la ONG Decisiones, relacionada al movimiento cristiano fundamentalista, dio información falsa sobre preservativos y género a miles de estudiantes con financiación del Estado. Los hallazgos y la presión de estudiantes organizados hicieron que la organización renunciara al dinero público. Aunque el viceministro Robert Cano anunció que el propio MEC informó que los contenidos de Decisiones no tenían validez científica, hasta hoy el ministro Petta no los prohibió.
A principios de agosto, otra investigación de El Surtidor demostró cómo –con aval del MEC y apoyo del ministro Petta– capellanes y pastores de la ong FundaJoven, relacionada también al lobby cristiano fundamentalista, capacita a docentes y da charlas a niños sobre salud mental, violando las propias directrices oficiales y criterios científicos. Las charlas a niños y adolescentes incluyen derivar sus casos a iglesias. En una capacitación docente, un charlista de la ONG hizo apología al maltrato infantil. Petta declaró que seguirá apoyando a FundaJoven.
Fonacide ha sido fuente de numerosos escándalos de corrupción. Dinero que debía ir a educación se terminó usando hasta para comprar armas. En el caso de Ciudad del Este, miles de dólares desaparecieron.
Desde el 2006, cientos de universidades de dudosa calidad ofrecen carreras que suben de precio o se cierran de un día para el otro. O peor, cuyos títulos no valen nada.
Un periodista se hizo pasar por comprador de una de esas universidades, que se ofrecen hasta en clasificados. En ésta crónica contamos lo que descubrió.
El programa de Becas Carlos Antonio López envió a miles de estudiantes paraguayos a formarse en el exterior. Pero sus beneficios todavía están, estadísticamente, reducidos a una élite. Estos eran los datos de 2018.
Ernesto Ojeda llegó a juicio oral por haber participado de la toma de su colegio en 2017. Aunque fue absuelto en agosto de 2019 de todos los cargos, su sola imputación muestra un patrón: desde las manifestaciones de «UNA No te Calles» en 2015, estudiantes secundarios y universitarios son perseguidos por protestar.
