En septiembre de 2020, la ONG británica Earthsight publicó una extensa investigación sobre cómo BMW y Jaguar Land Rover en Europa compraban cuero proveniente de las estancias ganaderas de Cooperativa Chortitzer, Yaguarete Pora y Caucasian SA que entre 2018 y 2020 invadieron y deforestaron 2.600 hectáreas de bosques del Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode. Éste es el último pueblo indígena sudamericano en aislamiento voluntario fuera de la Amazonía, en Alto Paraguay, Chaco.

La investigación nombró una extensa red en el camino del cuero sucio hasta Europa. A través de tres diferentes rutas, que involucraba a la curtiembre de las cooperativas menonitas Cencoprod, Frigorífico Concepción, Minerva y Lecom SA, el ganado vacuno proveniente de esas estancias se faenaba y el cuero era exportado a Pasubio Leather en Italia, quien servía de vendedor final a las empresas automotrices.
Un año después, nuevo informe de Earthsight – que fue compartido con el equipo de El Surtidor para su publicación en Paraguay – confirma que entre 2020 y 2021 al menos otras 100 hectáreas del pueblo ayoreo fueron deforestadas para la ganadería y que  tanto el Ministerio del Ambiente (MADES) como el Instituto Forestal Nacional (Infona) garantizaron la impunidad del ecocidio al no investigar las documentadas denuncias de delitos ambientales.  El Surti había reportado en abril de 2021 cómo lejos de ejercer su función protegiendo los bosques, la titular del Infona, Cristina Goralewski, y el titular del MADES, Ariel Oviedo, habían firmado incluso un acuerdo de cooperación con Chortitzer, a la que llamaron empresa  «comprometida con el cumplimiento de las normas ambientales vigentes».

Otra institución pública involucrada en el encubrimiento fue el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que ante las consultas de Pasubio Leather le garantizó la legalidad de las operaciones de las empresas que le proveían cuero en Paraguay. Según el ministerio “el sector productivo y la industria nacional (…) llevan décadas trabajando junto al Estado en el cumplimiento de la normativa”. Pasubio utilizó la postura oficial del MIC para escudarse de las acusaciones, argumentando que “con esto nos sentimos protegidos. No tenemos el poder ni podemos tener la carga de cuestionar al gobierno de un país que nos garantiza esto».

El canto de un pueblo contra la invasión

A principios de 2021, los ayoreo asentados escucharon, por primera vez en muchos años, las voces de sus primos en aislamiento voluntario dentro del patrimonio protegido. Les estaban cantando sobre sus luchas contra la contínua invasión de sus tierras. 

No hay, para los ayoreo, una Ley Zavala-Riera que los proteja de los mismos gremios que apoyaron aumentar penas por  invasión de inmuebles.

El Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode es una reserva de 550 mil hectáreas creada por el Estado paraguayo en 2001, tras décadas de lucha de activistas.  Pero se calcula que desde 2005 al menos 53.000 de esas hectáreas se deforestaron convirtiéndose en pastura para ganado, en parte gracias a la ministra de Ambiente del gobierno de Horacio Cartes, Cristina Morales, quien renovó licencias a empresas que invadían el lugar. Solo después de la intervención de la comunidad internacional, con reportes de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Infona suspendió en 2018 todo plan de manejo forestal de las empresas dentro de la reserva, volviendo ilegal cualquier desmonte. Con Chortitzer, Caucasian S.A. y Yaguareté Porá, Infona no aplicó sus propias reglas.

A las antes citadas, Earthsight suma otra ganadera en su nuevo informe: la ganadera brasileña BBC S.A, que en 2011 había sido denunciada por Survival Internacional por desmontar tierras del pueblo ayoreo. Es en una estancia de BBC S.A. dentro de la reserva donde se encontraron unas nuevas 100 hectáreas deforestadas entre 2020 y 2021 (ver imágenes satelitales)

Otro delito visible en una imagen satelital – pero no a los ojos del Ministerio del Ambiente y el Infona – son los incendios forestales en las tierras que invaden Caucasian y Chortitzer.  Ante un pedido de información pública de Earthsight, el MADES respondió que la investigación debía correr a cuenta de los municipios, un nuevo ejemplo de cómo diferentes entes se tiran la pelota con la ley de prevención de incendios.  Pedidos de información pública de El Surti confirman que el Infona – autoridad rectora de la ley forestal nacional –  tampoco inició siquiera un sumario al respecto.

El 5 de octubre el pueblo Ayoreo anunció que volverá a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la expulsión de las agroganaderas de su territorio para salvar a sus bosques de la destrucción, tras 42 infértiles reuniones durante 5 años con el Estado paraguayo.

Según Survival Internacional, el líder ayoreo totobiegosode Porai Picanerai, quien fue contactado de manera forzada en 1986, dijo: «Mi gente que vive en el monte [los no contactados] sufren mucho y están en peligro porque ya tienen muy poco espacio donde moverse y vivir. Hay mucha gente extraña ocupando nuestras tierras y quemando el monte para producir ganado».

Picarenai acusó al Estado paraguayo de no cumplir con su palabra: «El Estado miente y no tiene voluntad de proteger a mi gente y devolver las tierras que siempre habitamos y cuidamos. Solo recurriendo a otras autoridades como la CIDH conseguiremos que el Estado haga algo por mi gente».