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Tres puntos para entender la ley de conflicto de intereses en un minuto:
- Un conflicto de interés se da cuando los intereses personales, laborales, económicos, financieros, profesionales o de cualquier índole de un funcionario público o su grupo familiar, podrían influir o influyeron en decisiones en el ejercicio de su cargo.
- La ley prohíbe que funcionarios públicos sean socios, accionistas o trabajen en una empresa proveedora de la dependencia estatal en la que tienen el cargo.
- Los funcionarios públicos —como el presidente, vicepresidente, ministros y congresistas— deben abstenerse de tratar asuntos en los que estén involucrados familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad.
Si tenés más tiempo, te invitamos a leer el texto completo:
Desde finales de abril está vigente la Ley 7089/2023 de conflicto de intereses que busca evitar las puertas giratorias y que funcionarios públicos usen los cargos que ocupan para beneficiar sus negocios particulares. La Contraloría General de la República (CGR) publicó la reglamentación de la ley el 4 de agosto, once días antes de que asuma el gobierno de Santiago Peña.
Peña conformó su gabinete de ministros, en parte, con exfuncionarios del primer gobierno cartista en puestos clave. Entre ellos se destacan casos de puertas giratorias, como el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, presidente del BCP durante el gobierno de Horacio Cartes y luego director de Banco Basa; y el ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto, exministro de la Secretaría del Ambiente (hoy Mades) y luego gerente de ambiente de Cecon, excementera de Cartes.
La ley establece que funcionarios públicos deben abstenerse de intervenir ante temas en los que pudieran incurrir en conflicto de intereses. Dispone que, cada funcionario, antes de asumir el cargo, debe renunciar o vender sus acciones que tiene en empresas que le podrían generar un conflicto de interés en el desempeño de la función pública.
En el caso del presidente y vicepresidente, senadores y diputados, ministros de la Corte, así como ministros, viceministros y asesores del Ejecutivo, la prohibición se extiende a ser proveedores por sí o por terceros de cualquier organismo y entidad del Estado.
En junio, cuando Peña comenzó a anunciar su futuro gabinete, la senadora Kattya González de Encuentro Nacional, advirtió que el nuevo gobierno no consideraba «los potenciales casos de conflicto de intereses que existirían entre las personas designadas y las empresas que estos representan o representaban, o de las cuales eran o siguen siendo empleados». Se refirió en específico a Fernández Valdovinos y a Claudia Centurión, hoy ministra de Obras Públicas. Centurión era directora de Proyectos Estratégicos del MOPC cuando Ramón Jiménez Gaona era ministro de Cartes y luego fue gerente de la constructora Jiménez Gaona & Lima, otra empresa que el expresidente transfirió a sus hijos por la sanción de EE. UU.
En el mismo sentido, la diputada por Capital, Johanna Ortega, alertó sobre las puertas giratorias en una sesión de la Cámara Baja en agosto. «Este movimiento del sector privado al público y viceversa facilita el tráfico de influencias, la injerencia sobre leyes, regulaciones, políticas públicas, fallos judiciales y mucho más», refirió.La ley establece que si un ministro incurre en conflictos de intereses, debe ser sometido a un juicio político. Hoy, el Partido Colorado tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso.
A partir de la revisión de las declaraciones juradas de cinco ministros, identificamos áreas con riesgo potencial de conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones públicas.
Conocé a los congresistas con potenciales conflicto de intereses:
Carlos Gustavo Fernández Valdovinos
Ministro de Economía y Finanzas
Potencial conflicto de interés: financiero, construcciones y vial
- Presidente del Banco Central del Paraguay durante el gobierno de Cartes
- Fue director titular de Banco Basa
- Gs. 4.935.033.180 depositados en Banco Basa
- Gs. 2.862.101.100 en bonos adquiridos de Banco Basa
- Gs. 1.100.000.000 en bonos adquiridos de Tape Porã, empresa encargada del tramo Pastoreo-Ciudad del Este de la Ruta PY02
- Gs. 1.528.270.000 en bonos adquiridos de Cecon S.A.E., cementera de los Cartes
Carlos Alcibiades Giménez Díaz
Ministro de Agricultura y Ganadería
Potencial conflicto de interés: tierra y ganadería
- Intendente de Choré en 2015 y gobernador de San Pedro en 2018
- Fue electo senador en 2023, pero pidió permiso para asumir como ministro del MAG. Juan Carlos Luis Galaverna lo reemplazó en el Senado
- Es dueño de 2.192 hectáreas destinadas a ganado vacuno
- Gana Gs. 290.000.000 al mes por compra y venta de ganado
- Gana Gs. 1.050.000.000 al año en el rubro agropecuario
Rolando Gabriel de Barros Barreto Acha
Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible
Potencial conflicto de interés: tierra y ganadería
- Ministro de la Secretaría del Ambiente (hoy MADES) en el gobierno de Cartes
- Fue gerente de ambiente de Cecon, excementera de Cartes
- Es dueño de 400 hectáreas destinadas a ganado vacuno
- Gs. 319.333.100 en bonos en Banco Basa
Juan Carlos Baruja Fernández
Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
Potencial conflicto de interés: inmobiliario
- Ministro de Agricultura en el gobierno de Cartes y luego gobernador de Paraguarí
- Fue electo senador en 2023, pero pidió permiso para asumir como ministro de Vivienda. Antonio Barrios lo reemplazó en el Senado
- Gs. 400.000.000 en acciones en BM Construcciones, empresa adjudicada con 43 contratos públicos entre 2010 y 2013
- Gs. 2.500.000.000 en acciones en Olimpo Group S.A., empresa loteadora y del rubro de la construcción
- Gana Gs. 22.931.000 al mes por uno de sus loteamientos
Francisco Javier Giménez García de Zúñiga
Ministro de Industria y Comercio
Potencial conflicto de interés: construcciones, ganadería, agricultura y almacenamiento industrial
- Gs. 12.000.000.000 en acciones en Sarcom, dedicada al transbordo de soja
- Gs. 6.800.000.000 en Gical S.A. Almacenes, depósitos a gran escala
- Gs. 2.650.000.000 en acciones en Almasol S.A.E., desarrolladora de parques industriales
- Gs. 3.200.000.000 en acciones en la Aragonesa S.A., empresa del rubro agropecuario
