• Un proyecto de ley que de forma nominal busca aumentar el control y la rendición de cuentas de organizaciones sin fines de lucro amenaza el derecho a la libre asociación.
• Defensores de derechos humanos, representantes de comisiones vecinales y organizaciones internacionales como Amnistía se han posicionado en contra de la iniciativa, a la que califican de ley garrote por abrir la puerta a la persecución. También manifestaron preocupación juristas y hasta el representante de la Iglesia Católica.
• Tres relatoras de la ONU hicieron un llamamiento al presidente Santiago Peña a evaluar el proyecto. Señalan que podría restringir de forma indebida los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y de asociación pacífica.
• El proyecto es una iniciativa del oficialismo, representado por el Partido Colorado y afín al expresidente Horacio Cartes.

La Cámara de Senadores aprobó el 8 de julio el proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)” que administren fondos públicos o privados de origen nacional e internacional. La iniciativa pasó a Diputados, donde el oficialismo, impulsor de la normativa, también tiene mayoría para sancionar la ley. 

El proyecto es de varios senadores colorados, entre ellos Gustavo Leite, Basilio Núñez y Lizarella Valiente, que responden al movimiento del exmandatario Horacio Cartes ―hoy presidente del Partido Colorado― que apadrinó a Santiago Peña. Se caracterizan por su discurso anti globalista e impulsar proyectos en esa línea, como la derogación de un financiamiento de la Unión Europea para la educación por temor a la “ideología de género”. 

Conocida como “ley garrote” por el riesgo de que el cartismo la use contra sus críticos, la iniciativa afecta a una diversidad de organizaciones: desde asociaciones de vecinos hasta organismos internacionales, incluyendo “cualquier persona física o jurídica”. Crea un registro obligatorio a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas en el que las OSFL deben inscribirse, detallando fuentes de financiamiento, lista de contratados y otros requerimientos exhaustivos. 

También obliga a las organizaciones a presentar un informe semestral al Ministerio de Economía sobre el uso de los fondos y establece que no podrán alegar cláusulas de confidencialidad para eludir esta obligación. En el caso de las OSFL que trabajan con alguna institución del Estado, deberán incluir los fondos en el presupuesto público.

En cuanto a las sanciones por incumplir la ley, las organizaciones pueden ser castigadas con multas de hasta mil salarios mínimos (unos 370 mil dólares) e incluso el cierre. Para los directivos, administradores o representantes, la multa máxima es de 500 salarios mínimos (185 mil dólares), además de quedar inhabilitados para ocupar cargos similares en otras OSFL y en el sector público de cinco a diez años. Estas sanciones también se aplicarán a cualquier persona física o jurídica “que tuviera incidencia en la actividad” de la organización. 

Organizaciones de la sociedad civil cuestionan el carácter inconstitucional del proyecto por atentar contra varias garantías establecidas en la Carta Magna, como el derecho a la libre asociación. En el mismo sentido, Amnistía Internacional Paraguay se ha pronunciado, advirtiendo sobre la tendencia regional de cierre del espacio cívico con este tipo de leyes, que buscan restringir la financiación de las organizaciones, sobre todo la internacional, condenándolas a la desaparición. Esto se observa en Nicaragua, donde van más de 3.600 ONG cerradas desde 2018, mientras Venezuela avanza su propia versión con la denominada Ley Antisociedad y Perú discute otra iniciativa del mismo corte.

Por su parte, la declaración conjunta de tres relatoras de la ONU señala que el proyecto de ley podría restringir indebidamente los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, además de la libertad de asociación, protegidos en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, un tratado ratificado por Paraguay.

Advierten que la definición amplia y vaga de una OSFL en el proyecto ―el alcance sobre cualquier organización que trabaje en el ámbito de “prestaciones de exclusiva competencia del Estado”, “bien común”, “utilidad pública”― podría habilitar la aplicación discrecional de la ley. También que las sanciones son desproporcionadas y que esto podría habilitar un régimen de persecución de organizaciones.

Pero no solo las organizaciones se han pronunciado sobre el proyecto. La Procuraduría recomendó a los legisladores excluir a las organizaciones que administren fondos privados, así como a los organismos y organizaciones internacionales. También sugirió atenuar las sanciones, entre otras observaciones, como evitar la duplicación de funciones y registros.

Una organización que gestiona fondos privados ya cumple con una serie de obligaciones ante el Estado, que incluye a Tributación, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), el Ministerio del Trabajo y el Instituto de Previsión Social (IPS). Mientras que aquellas que administran fondos públicos están sujetas a regulaciones específicas. Por ejemplo, las transferencias están en los presupuestos de las instituciones y las organizaciones deben rendir cuentas semestralmente sobre el uso. Si no lo hacen, el Estado deja de transferir. Esta información está pública en el sitio Web del Ministerio de Economía.

Esto contrasta con el discurso del oficialismo, que acusa a las organizaciones de no querer la transparencia. Apuntan a una supuesta “agenda” que oculta una injerencia extranjera a través de los fondos que reciben las OSFL. Durante la aprobación del proyecto en el Senado, los cartistas perfilaron a políticos opositores, periodistas, activistas y organizaciones, vinculándolos al globalismo. En la sesión, mostraron videos conspiranoicos que viralizaron cuentas afines, exponiendo una supuesta trama que terminó con la mención de George Soros. También expusieron sus prácticas de espionaje al exhibir una reunión privada vía Zoom que hicieron representantes de la sociedad civil. 

Las campañas del oficialismo contra algunas organizaciones y sus referentes, también contra medios y periodistas, son reforzadas por los medios de comunicación de la familia del expresidente Cartes, así como por sus ejércitos de trolls en las redes sociales. La arremetida se intensificó luego de una serie de escándalos de nepotismo que salpicaron incluso al vicepresidente de la República.

Texto: Romina Cáceres - Edición: Jazmín Acuña