Los pyrague o informantes fueron una pieza central para sostener el aparato represivo de la dictadura de Alfredo Stroessner durante 35 años en Paraguay. Estos espías, mimetizados con la población en general, tomaban información de los movimientos de las personas y se la entregaban a la policía. Hoy, los nuevos pyrague se infiltran en videollamadas, como mostró el senador cartista Gustavo Leite en la sesión del Senado el lunes 8 de julio. Ese día, la mayoría oficialista aprobó un proyecto de ley contra las organizaciones sin fines de lucro o ley garrote, que extiende el control estatal sobre la administración de fondos privados. Activistas de la sociedad civil denuncian que la normativa es inconstitucional. 

El senador Leite, uno de los proyectistas de la ley, presentó capturas de una reunión en Zoom que mantuvieron miembros de organizaciones de sociedad civil el 4 de julio. Dijo que «uno de los que estuvo en la reunión» le pasó la información de lo discutido en ese encuentro.

Leite, que minutos antes había sembrado sospechas contra el senador opositor Rafael Filizzola y la editorial del diario ABC Color, extendió la sombra sobre los integrantes de las ONG. Dijo que en esa reunión se planteó «bloquear la aprobación» de la ley.  

Durante su exposición, mostró una hoja de «Puntos relevantes de la reunión vía Zoom de ONGs», que incluye fecha y hora, detalla que hubo 73 participantes, nombres de las «figuras prominentes» que estuvieron y las supuestas acciones decididas para que la ley no pase. Esos mismos apuntes aparecen en un video conspirativo que habla de El complot de las ONG, viralizado por cuentas afines al cartismo un día antes de la sesión del Senado.

El video pone en primera plana un montaje que incluye a la excandidata a la vicepresidencia Soledad Núñez, Martín Burt, director de la Fundación Paraguaya y Marta Ferrara, directora de Semillas para la Democracia. Todo enmarcado en una narrativa de que los «oenegeros» no quieren transparentar de dónde obtienen fondos y cómo los gastan, algo que esta ley supuestamente va a transparentar. Sin embargo, las organizaciones que operan legalmente sin recibir fondos públicos ya rinden esta información a varias instituciones estatales, entre ellas la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y Seprelad. 

Leite llevó a la Cámara de Senadores el discurso de «el complot de las ONG» de un video desinformante de redes. En la misma sesión, la senadora cartista Lizarella Valiente usó ese marco para atacar a la periodista Mabel Rehnfeldt de ABC, al abogado Leonardo Gómez y a las organizaciones Tedic y Feipar. 

El PowerPoint que mostró Leite en el Senado (izq.) está calcado del video conspiranoico viralizado por cuentas afines al cartismo (der.)

Miembros de organizaciones de sociedad civil confirmaron que esa reunión se realizó el jueves 4 de julio vía Zoom. El propósito era idear y coordinar acciones ante el proyecto de ley, algo que forma parte del trabajo común que desarrollan las organizaciones, como el cabildeo o la comunicación de sus posturas.

Los representantes tenían información de que se haría una audiencia pública sobre el proyecto, por lo que consideraron importante convocar el encuentro para prepararse. Sin embargo, el viernes 5, un día después de la reunión, los senadores convocaron abruptamente a una sesión extraordinaria el lunes para tratar el proyecto.

Dos de los participantes consultados creen que es probable que una de las personas que estuvo en la reunión de Zoom se unió para registrar lo conversado y filtrar la información al sector político que impulsa la ley.

Por otro lado, fuentes expertas detectaron actividades irregulares para vulnerar los sistemas informáticos de al menos tres organizaciones no gubernamentales que, en reiteradas ocasiones, han sido señaladas por el oficialismo. Estas actividades se han intensificado en las últimas semanas. 

Las organizaciones advierten que la ley garrote del oficialismo atenta contra la libertad de asociación garantizada en la Constitución y la seguridad jurídica, afectando desde agencias de cooperación internacional hasta comisiones vecinales, con sanciones que incluyen multas de casi 400 mil dólares y la cancelación. Temen que el gobierno utilice la ley de forma arbitraria, como ocurre en Nicaragua y Venezuela.