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Deliverys arriesgan su salud haciendo repartos en la capital de Paraguay, donde las islas de calor se multiplican al ritmo de la construcción de edificios que no se adaptan al clima.
Fenómenos
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Publicado: 16·11·2024
Las piedras calizas deben caber en una mano. Sentado sobre el tronco de un lapacho, un niño de 11 años trata de romperlas con un martillo. Pica, pica, pica, hasta que lo logra. Los restos de uno de los enormes minerales extraídos de un cerro convertido en cantera, una explotación minera a cielo abierto, se quiebran. Deben quedar lo más pequeñas posible para tirarlas a la calera, un horno artesanal, de donde finalmente saldrán convertidas en cal viva.
Del horno, que ya está encendido, sale un humo espeso, asfixiante y que cubre con un polvo blanco toda la zona donde niños, adolescentes y adultos trabajan picando piedras. Son cerca de las 11 de la mañana de un día de julio, y aunque es invierno en Paraguay, hace calor y aún más en esta cantera de Vallemí, en el distrito de San Lázaro del departamento de Concepción, frontera con Brasil. Esta escena se repite sin pausas todo el año, de lunes a sábado, desde antes que salga el sol y durante diez horas seguidas por día. Si hay mayor demanda, las familias también sacrifican sus domingos.
El trabajo se hace sin nada en la cabeza o en las manos para protegerse. Como máximo sistema de seguridad, los caleros y mineros llevan algún trapo o una remera en el rostro para evitar inhalar el humo o resistir el calor. Las manos de la mayoría se poblaron de tantos callos que actúan como una capa protectora de la piel. Pero en esta ciudad, corazón de la producción de cemento y cal del país, la cuestión es simple: hay que llegar a producir al menos 200 bolsas de cal para comer hoy. Mañana será otro día.
En el horno de Edson Ramírez, un hombre robusto de 49 años, con la piel curtida y la voz ronca, el fuego está activo y debe superar los 1.000 grados de temperatura para que las piedras calizas puedan cocinarse. Lo construyeron su padre y su abuelo en los años 70. Ramírez dice que nació y creció entre cal, rocas y canteras, que esto es lo único que sabe y quiere hacer en su vida. Su situación es similar a la de varias familias del distrito de San Lázaro, donde viven 12.121 personas según los últimos censos. Son familias que llevan décadas explotando los cerros que rodean Vallemí a paso lento pero incesante y cuya forma de trabajo sigue siendo rústica, autogestionada y peligrosa.
Para Ramírez no hay dudas. «Si no trabajamos en esto, no tenemos ninguna oportunidad». Con él trabajan 12 personas.
Toda la escena transcurre en tierras de la Industria Nacional del Cemento o INC, empresa estatal propietaria de 13 cerros en Vallemí en un territorio de 3.000 hectáreas. Las piedras que se comercializan en la zona salen de canteras bajo su dominio.
La calera de Ramírez tiene siete metros de altura con una abertura en lo alto por donde se lo alimenta con leñas y las piedras que se deben cocinar. Cuando están cocidas caen en la base del horno. Los trabajadores se turnan para sacarlas y aguantar el calor. Operan con rastrillos y unas carretillas de hierro capaces de soportar altas temperaturas y el peso de los materiales trabajados. Como no hay ningún tipo de «medidor de minerales», los caleros confían en su conocimiento empírico para determinar cuando el producto está listo. Con un simple sonido que hacen al caer, dicen reconocer la pureza del mineral. Con una pala separan los que son más puros y que servirán para la venta.
Lo que queda como cal viva se deposita en bolsas apiladas bajo un pequeño techo improvisado de eternit que funge como depósito. Bolsas de 30 kilos de caleras como la de Edson Ramírez se venden a proveedores de la construcción a menos de 2 dólares americanos (G 13.500) en Vallemí. Este mismo producto, una vez que llega a Asunción u otra zona del país puede costar más del doble (entre G 30.000 y 35.000).
Si su destino final no es un proyecto de casa, de infraestructura pública o un edificio lujoso de la capital —la cara visible de un “boom inmobiliario” que ostentan las desarrolladoras—, las bolsas se destinan a las grandes extensiones de tierra del agronegocio, rubro que encontró en la cal agrícola una forma de combatir la degradación del suelo, especialmente de los cultivos para soja.
En ese caso, las bolsas no son de cal viva, sino de piedras dolomitas explotadas de las canteras de Vallemí. Empresas agro caleras pagan a los mineros unos 9 dólares (G 68.000) por cada tonelada de este mineral. Luego, procesan las piedras para convertirlas en cal agrícola que venden a 23 dólares (G 180.000) la tonelada.
Tanto la construcción como el agronegocio fueron dos de las industrias que explican el crecimiento macroeconómico del país. Solo en un año, de agosto de 2023 a agosto de 2024, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) desembolsó unos 461,7 millones dólares (G 3,5 billones) en el rubro obras ejecutadas, cifra que duplica la del periodo anterior. En cuanto al agronegocio, la exportación de soja en 2023 se triplicó con respecto al 2022, con más de 6 millones de toneladas del grano comercializadas. Paraguay es el tercer mayor exportador de la oleaginosa en el mundo, y el sexto mayor productor. Los multimillonarios ingresos y ganancias de estos sectores no son inocuos: ambos emiten las mayores cantidades de gases de efecto invernadero en Paraguay, culpables del calentamiento global.
Cada año se estima que un tercio de las emisiones globales de gases provienen del sistema de producción de alimentos, donde el agronegocio tiene un rol clave. En Paraguay, es el sector que más gases emite: 50,2% del total de las emisiones del país. Este porcentaje no contempla las emisiones resultado de actividades como el “cambio de uso de suelo”, que implica la pérdida acelerada de bosques únicos como los del Chaco y el Bosque Atlántico Alto Paraná por la deforestación, y con ello la capacidad de capturar el carbono que calienta peligrosamente el planeta.
La industria de la cal y el cemento también hace su parte. En el sector industrial de Paraguay, su producción representa el 34,88% de las emisiones de CO2. A nivel global es responsable del 8% de las emisiones, y la producción se proyecta al alza. No sorprende: después del agua, el cemento es el material hecho por humanos más consumido de la Tierra. También, el que más abusos de poder instiga. Según un estudio de Transparencia Internacional, la industria de la construcción es la más corrupta en el mundo. La historia reciente de Latinoamérica es testigo. Uno de los mayores escándalos de corrupción, la operación Lava Jato, tuvo de protagonistas a constructoras como Odebrecht, involucradas en megaproyectos de infraestructura pública en varios países.
Los sobrecostos en obras y otras irregularidades en la construcción explican las peores posiciones de Paraguay en los rankings regionales y globales de corrupción. La aparente irracionalidad de algunos desarrollos también se entienden con fenómenos como la especulación inmobiliaria. Pero la incapacidad de reventa de departamentos en megaedificios que se erigen en Asunción despierta sospechas. En 2023, la Secretaría de Tributación (SET) ordenó fiscalizar a decenas de empresas del rubro por indicios de lavado de dinero y evasión de impuestos.
Los ingresos que dejan de recibir los gobiernos, el crimen organizado asociado al lavado y la degradación ambiental son algunas de las caras poco glamorosas del crecimiento económico del país. Pero en ningún lugar como en Vallemí se vuelve más visible la contradicción entre la riqueza de las élites del agro y la construcción, y la pobreza de quienes producen la materia prima que en parte sostiene a ambos sectores. El día a día de caleros y mineros, con los rostros sucios y cansados, inhalando polvos que pueden enfermarlos, posibilitan esa riqueza. Todo con la complicidad del Estado.
Las dinamitas en gel, conocidas como «bananas», se colocan en agujeros abiertos sobre grandes rocas del cerro de donde saldrán las piedras calizas o dolomitas que son abundantes en el distrito de San Lázaro. Una especie de cuerda, el “cordón detonante”, se anexa a la mecha para hacer contacto con el “fulminante de fuego”, un diminuto artefacto parecido a una colilla de cigarrillo, pero de metal, que permite la detonación.
Se extiende el cordón detonante. Los trabajadores alrededor saben que deben alejarse. La ceremonia está lista. Sólo queda encender la mecha y esperar que sea una «buena explosión».
A pesar de los casi 400 metros de distancia, el suelo se sacude un poco bajo los pies de los observadores. El ruido de la explosión intimida. A lo lejos se ve una mezcla espesa de arena, piedras, tierra y polvo que sale expulsada hacia arriba, como un chorro de agua que revienta. La felicidad de Juan Pablo Torres, encargado de la explotación de esta cantera, es total. Sabe que ha sido una buena explosión.
“No volaron piedras a gran altura. Eso quiere decir que la dinamita quebró las grandes piedras y las levantó”, explica mientras camina apresurado hacia el pozo profundo que quedó en el lugar dinamitado. Tiene 43 años, y aunque estudió en Asunción, volvió a San Lázaro para trabajar en las canteras. Dice que son parte de su vida y el sustento económico de su familia.
En 1947, mucho antes de la incursión de la INC, la empresa Vallemí SA inició la explotación a mayor escala. Esta firma de capital argentino se adueñó de miles de hectáreas en la región para hacer negocios con los minerales. Operó algunos años hasta que en 1967 se declaró en quiebra y todos sus bienes pasaron a nombre del Banco Central del Paraguay. Fue entonces que el dictador Alfredo Stroessner decidió crear la cementera estatal, que empezó a operar oficialmente en 1970 y se convirtió en un actor principal en el micromundo de habitantes como Juan Pablo Torres.
Tenía razón sobre la explosión. Ha sido un éxito. El sitio, que era como un terraplén de piedra, se convirtió en una pequeña montaña de grandes rocas. Él y los doce trabajadores que operan en la cantera a su cargo las seleccionan y las separan según el mineral que tiene predominio. Por un lado van las calizas, y por el otro las dolomitas, que se diferencian por el color.
Las dolomitas se venden a grandes fábricas que las convierten en cal agrícola. Las calizas van a los hornos artesanales como los de Edson Ramírez. Hace unas décadas operaba una calera por cada cantera. Hoy hay menos caleras funcionando – quince según el municipio – pero el trabajo en las canteras sigue siendo el sustento económico de toda la zona. Allí funcionan alrededor de 40, aunque para el Viceministerio de Minas y Energías solo están habilitadas seis en San Lázaro. Torres, al igual que ocho mineros con quienes hablamos para este reportaje, asegura que el pago en las canteras no compensa los gastos de explotarlas.
Cada minero o calero debe pagar un canon a la INC de poco más de 1 dólar (G 8.000) por tonelada de piedras extraídas de los cerros en sus tierras. Los mineros venden cada tonelada de estas piedras por 9 dólares (G 68.000) a proveedores de la construcción o el agronegocio. El canon representa 11% del precio de venta.
Manuel Zárate, asesor jurídico de la INC, dice que en buena época de producción la cementera recauda por el canon más de 130 mil dólares al mes (G 1000 millones). Lo cobran desde 2014 y para el asesor sigue siendo un monto ínfimo por la extracción de minerales de sus canteras. A pesar de ingresos directos como estos, que en un año pueden superar el millón y medio de dólares, la empresa estatal sostiene el mote de deficitaria desde hace varios años. Aunque no se puede comprobar, Zárate dice que el dinero recaudado ingresa al flujo de caja de la INC y cubre costos tan diversos como el mantenimiento de equipos, el pago de trabajadores de la cementera, incluso deudas.
Mientras tanto, trabajadores autogestionados como Miguel Torres, padre de Juan Pablo Torres, se quejan de que trabajan para empatar. Además de pagar el canon, deben comprar los explosivos a la Dirección de Materiales Bélicos (Dimabel), alquilar maquinarias pesadas para extraer las piedras y camiones para transportarlas. En algunos casos alquilan perforadoras cuando las rocas son muy grandes y las empresas no las aceptan para procesarlas. Pero nada es seguro.
«A veces algunos de los compañeros llevan las piedras y deben esperar varias horas. De repente, el encargado (de la agrocalera) dice que la piedra no es buena. Ahí no hay nada qué hacer. Todo es pérdida», dice Torres.
El vocero de la INC dice que no mienten, pero hay algunas medias verdades. Le resulta llamativo que las familias sigan trabajando en medio de precariedades porque, según él, el sector genera mucho dinero por mes y por año. Pero Zárate reconoce las disparidades entre las condiciones de producción de estos trabajadores y grandes fábricas que en los últimos años se han asentado en el lugar con mejores equipamientos y tecnología, superando incluso la capacidad de la INC.
Tal es el caso de Cementos Concepción CECON, empresa vinculada al expresidente Horacio Cartes – quien tiene sanciones del Departamento de Estado de EE.UU. por corrupción – y cuyos directivos fueron acusados de incurrir en puertas giratorias. El presidente de la INC durante la administración de Cartes, Jorge Méndez Cuevas, se convirtió en gerente general de Cecon poco después de dejar su puesto en el gobierno, hecho señalado como una forma de apropiación irregular de información privilegiada del Estado.
La empresa instaló una enorme planta en San Lázaro en 2019 por “su fácil acceso a rutas internacionales, la disponibilidad de materia prima local y la cercanía a polos industriales”. En sus proyecciones de 2023 esperaba cubrir 45% de la producción local de cemento. Para mineros y caleros de San Lázaro, la planta no ha representado un beneficio ni un problema. Pero para la INC, la llegada de Cecon no ha sido intrascendente.
En los últimos años la empresa estatal ha tenido un marcado descenso en su producción según datos de la propia institución. En cinco años redujo su capacidad a la mitad: de un pico de producción de cemento de 649 millones de kilos en 2018 bajó a 373 millones en 2023. Según Manuel Zárate, cuando la actual administración de Gerardo Guerrero Agusti tomó la entidad no llegaba a cubrir siquiera el 18% de la demanda del mercado. En febrero de 2024 el ente repuntó y alcanzó una cobertura del 30%. Pero el déficit de producción en los últimos años coincide con la instalación de Cecon.
En marzo de 2024, el presidente Santiago Peña, afín al expresidente Cartes, reglamentó la Ley de pavimentos rígidos en proyectos de obras viales, que vuelve obligatorio el uso de cemento nacional para las obras públicas. La normativa, que ya fue promulgada en 2017, finalmente tiene una reglamentación y con ello entra en vigencia. Esto ocurre justo cuando la cementera del entorno del expresidente se posiciona como la mayor productora de cemento a nivel nacional. La reglamentación podría ser una buena noticia para los mineros y caleros artesanales de Vallemí, pero en la práctica no lo es. Mientras el Estado siga desatendiendo su situación y las grandes empresas aumenten su predominio sobre el mercado, los ganadores seguirán siendo otros.
Aunque se han asociado en forma de cooperativa, estos trabajadores no logran concretar grandes préstamos para obtener mayor capital. Digno Cañete, que preside la Federación de Mineros de San Lázaro, dice que uno de los graves problemas para los mineros pequeños es que no son dueños de nada. Ni de la cantera que trabajan ni de las maquinarias que operan. Todo lo prestan o alquilan. En la federación reúne a nueve asociaciones que aglutinan a más de 500 trabajadores.
El asesor jurídico de la INC asegura que tratan de ayudarlos, aunque cree que el rol de la empresa estatal se debe limitar a producir cemento y que no falte en el país. «Pero como (los mineros y caleros) están en una zona de influencia de nuestra fábrica, bueno, nos tenemos que ocupar. Lastimosamente, esperan más de lo que nosotros podemos dar».
El 3 de marzo de este año, la INC efectivizó una prohibición de explotar la zona conocida como Cumbre 1 del Cerro Santa Elena, uno de los cerros bajo su dominio. Esto significa que ya no se pueden hacer explosiones para sacar minerales. Solo queda recoger las piedras desprendidas. La resolución afecta a 35 mineros que explotan el lugar hace más de tres décadas. La INC alega motivos ambientales. La explotación está alterando una zona considerada área silvestre protegida y propone reubicar a los mineros en otra zona.
El proceso de reubicación debía terminarse, pero los mineros siguen esperando otra solución. Volver a encontrar minerales les llevará mucho tiempo por la capa de tierra y arena que tiene la nueva zona.
Arnaldo Contrera es uno de los afectados con la resolución. Junto a él trabajan otros ocho mineros y dice que le llevó 12 años encontrar piedra caliza de calidad en ese cerro. «Tuve que vender empanadas en estos últimos días. No tengo otra opción”. Con la voz quebrada se pregunta qué le va a dar a su familia si el trabajo en las canteras es lo único que sabe.
No sólo las maniobras de la empresa estatal afectan los ingresos de los mineros. Vallemí atraviesa cambios acelerados en su paisaje desde al menos 2014, con la llegada de empresas que también se dedican a la producción de cal agrícola. No hay datos oficiales sobre quiénes producen este material de forma oficial, pero grandes firmas como Cecon y Concret Mix destacan su aporte al agronegocio desde este rubro.
Caleros y mineros de la zona aseguran que la extracción de minerales de las canteras se ha disparado por la demanda del agro. Imágenes satelitales muestran cómo los cerros en los que han operado estos obreros artesanales, a un ritmo lento de explotación, hoy sufren una extracción más intensa que agota los recursos naturales.
Los datos que tiene la INC muestran que en 2023 y en lo va de 2024 se extrajeron un total de 1.703.079 toneladas de piedras de las canteras de San Lázaro. El 62% fueron extraídas por mineros externos y el 38% restante extrajo la INC para uso propio. Con toda esta piedra extraída se podrían construir dos puentes Héroes del Chaco, la más reciente obra de infraestructura pública que une Asunción con El Chaco y con una longitud de 7.400 metros.
A pesar de esgrimir una preocupación ambiental para frenar la explotación de una cantera, la Contraloría General de la República (CGR) revela en un informe de 2022 que entre 2019 y 2020 la INC operó sin la auditoría de cumplimiento de gestión ambiental de su fábrica en Vallemí. En el mismo periodo la cementera estatal no hizo la compensación monetaria por el uso de recursos naturales explotados en San Lázaro.
Los certificados de servicios ambientales que no adquirió ascienden a un valor de 650 mil dólares (G 4809 millones).
A Digno Cañete no le pasa desapercibido el impacto ambiental en la zona. Pero a sus 53 años y habiendo dedicado gran parte de sus días a las canteras tiene algo claro. “Esto es lo que somos. Nuestra gente vive de esto. Acá está mi vida y aquí me voy a morir”. Sueña con que la Federación de Mineros tenga una fábrica propia para producir cal agrícola, o una calera con más tecnología para hacer cal viva y así lograr que los mineros artesanales tengan mejores ingresos.
A pesar de que San Lázaro tiene a la cementera estatal, Cañete habla de ausencia del Estado. Para él, faltan universidades dirigidas al sector para tener profesionales de la zona instruidos en la explotación de minerales de la forma menos perjudicial posible para el ecosistema.
La precariedad y la necesidad conviven en Vallemí, y en este contexto se inserta la mano de obra infantil y adolescente en las canteras. En Paraguay, el trabajo infantil está prohíbido y el adolescente permitido a partir de los 14 años bajo ciertas condiciones, como que su salud no esté en riesgo. Desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) aseguran a El Surtidor que no registran denuncias de niños, niñas o adolescentes trabajando en esta zona. En 2005, el país ratificó el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre “las peores formas del trabajo infantil”. La explotación de minas, canteras y excavaciones figura entre ellas.
Una revisión científica encontró que la exposición a una planta de cemento estaba asociada a una mayor presencia de síntomas respiratorios y el declive de la función pulmonar. También a un riesgo excesivo de incidencia de cáncer y mortalidad, principalmente cáncer de las vías respiratorias, en niños y adultos.
San Lázaro no cuenta con un profesional médico especialista en neumología. El distrito no tiene, en efecto, un hospital. Tiene dos Unidades de Salud Familiar (USF), que son centros de atención sanitaria de menor complejidad que los hospitales. Cuando ocurre algo más grave, el paciente tiene que ser derivado a la capital del departamento, a 160 kilómetros.
La doctora Rodriguez Urbieta es la única médica de toda la localidad desde 2019.
En los primeros meses de 2024, las afecciones respiratorias fueron los casos más atendidos. La doctora cuenta que lidia con muchos cuadros de influenza en estos meses, lo cual se agrava con las condiciones del entorno. «Hay que tener en cuenta que aquí nuestra principal fuente de trabajo son las caleras, que son nocivas. Pero es el trabajo que tiene la gente para vivir”.
Edson Ramírez también hace una sobria advertencia sobre el trabajo infantil en la zona. «Para la gente es fácil criticar. Pero muchas veces, estos niños si no trabajan, no comen o no pueden comprarse un cuaderno».
Más de la mitad de los estudiantes de San Lázaro están matriculados en la educación escolar básica: 2076 estudiantes de un total de 3221 matriculados. 526 niños y niñas están en la franja de la educación inicial y apenas 585 matriculados en educación media. Según el Ministerio de Educación, hay 34 estudiantes en la educación superior.
No hay universidades públicas en toda la zona, dificultando las chances de futuro por fuera de la localidad. Pero incluso dentro de ella las familias ven a su fuente de trabajo en las canteras, y a su propio modo de vida, bajo amenaza.
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Investigación: Aldo Benítez · Edición general: Jazmín Acuña · Fotografía: Elisa Marecos & Sandino Flecha · Edición visual: Jazmín Troche & Alejandro Valdez Sanabria · Diseño e ilustraciones: Willyam Matsumoto & Robert Báez· Asistencia en la edición: Romina Cáceres
Esta investigación fue realizada en alianza con el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), que lidera el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) en América Latina.
Una cobertura sobre cómo la crisis climática afecta la salud y el trabajo
