Según Enzo Debernardi, primer director general paraguayo de Itaipú, desde 1955 Brasil estudió el potencial hidroeléctrico de la zona de Saltos de Guairá, que necesitaba para su desarrollo industrial. En febrero de 1962 se supo que Brasil había encargado a técnicos una investigación preliminar para aprovechar los Saltos del Guairá, también conocidos como Sete Quedas.

Los Saltos del Guairá estaban todavía en litigio entre Paraguay y Brasil desde el final de la Guerra de la Triple Alianza. El tratado de límites de 1872, según el doctor Efraím Cardozo, demarcaba que los Saltos quedaban dentro de territorio paraguayo.

La intención de aprovechar los Saltos por Brasil en 1962 se hizo pública al mismo tiempo que todavía existía una comisión mixta de ambos países tratando de dirimir a quién correspondía el lugar, por lo que el gobierno paraguayo protestó.

La intención de aprovechar los Saltos por Brasil en 1962 se hizo pública al mismo tiempo que todavía existía una comisión mixta de ambos países tratando de dirimir a quién correspondía el lugar, por lo que el gobierno paraguayo protestó.

El 19 de enero de 1964 el presidente de Brasil, João Goulart y el dictador Alfredo Stroessner acordaron crear una comisión para aprovechar el potencial energético del lugar, dos meses después Goulart fue derrocado por un golpe militar.

En junio de 1965, un destacamento militar brasileño invadió Puerto Renato y toda la zona de 20 kilómetros todavía en disputa con Paraguay. Según Brasil, era para combatir a grupos guerrilleros y el contrabando.

En octubre de 1965, la comisión de límites paraguaya fue detenida por militares brasileños cuando fue al lugar. Entre los detenidos estaba Conrado Pappalardo, parte del primer anillo de Stroessner.

La invasión y la crisis diplomática fueron mediadas por EE.UU. luego de la visita del Secretario de Estado Dean Rusk en mayo de 1966 –según Debernardi– y terminó con la firma del Acta de Foz de Iguazú el 22 de junio 1966.

El Acta establecía las bases para la explotación conjunta de la futura hidroeléctrica, convirtiendo a los Saltos de Guairá en una comunidad de bienes entre los dos países. Los límites no serían motivo de conflicto al inundarse la zona.

El Acta también acordaba que la electricidad no utilizada para el consumo paraguayo podía ser derivada con preferencia al Brasil, pero por un precio justo. Con el Tratado de Itaipú en 1973 la «adquisición preferencial» se convirtió en «cesión obligatoria».

El Tratado de Itaipú también dispuso, en su artículo 18, que para hacerlo cumplir cualquiera de los dos países puede tomar las acciones unilaterales necesarias, legalizando una posible invasión militar.

En varias ocasiones, siendo la más conocida la del 2009, el ejército brasileño hizo ejercicios militares simulando una toma de Itaipú.