«Secreto en la patria contratista» es un registro de empresas que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 6355/19 ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta Ley obliga a cualquier empresa que tiene contratos con el Estado a presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas a la Contraloría General de la República (CGR), tal como deben hacer los funcionarios públicos. Acá podés conocer los antecedentes de dichas empresas, cuántos contratos tienen con el Estado, la cantidad de dinero público que recibieron y qué conexiones tienen con el poder político.
La declaración jurada es un documento que debe contener datos patrimoniales certeros sobre ingresos y egresos, inmuebles, vehículos, actividad agropecuaria, deudas, facturación, gastos administrativos y otros. En este caso, permite identificar a accionistas, directivos y otros con cargos similares en empresas o asociaciones, información relevante para conocer quiénes están detrás de las organizaciones y sus conexiones. Esto permite a su vez detectar posibles conflictos de intereses. Pero por ahora esta información no es pública.
La Sala Constitucional de la Corte suspendió los efectos de la Ley para las empresas que presentaron las acciones de inconstitucionalidad. Esto significa que, hasta que la Justicia dicte sentencia, esas empresas pueden seguir con sus negocios con el Estado sin rendir cuentas.
La Ley 6355/19 alcanza a:
Accionistas, directores, socios gerentes o similares de empresas y entidades que sean contratistas o concesionarios del Estado, así como toda persona física o jurídica que de algún modo contrate, preste un servicio o realice una obra para el Estado.
Autoridades, miembros del consejo directivo o similar, socios fundadores y/o cualquier otro integrante con cargo directivo o de gestión de asociaciones, fundaciones y demás personas jurídicas que reciban fondos o algún tipo de contraprestación del Estado, municipalidades, gobernaciones, entidades binacionales, empresas del Estado y/o cualquier entidad pública.
La constancia de presentación de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos es un requisito para participar en cualquier modalidad contractual con el Estado. La presentación ante la Contraloría se debe realizar dentro de los 15 días de concretarse y al término de la misma.