Secreto en la patria contratista

Más de 100 empresas privadas promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley que les obliga a presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas si tienen contratos con el Estado. La Justicia las benefició con la suspensión de la ley. Conocé en esta base de datos a las empresas que no quieren rendir cuentas:

Reportaje Romina Cáceres • Edición Jazmín Acuña • 16·11·20

Scavone Hermanos SA

Scavone Hermanos SA, Laboratorios Catedral, fue fundada en 1905 por los hermanos Miguel, Domingo y Laviero Scavone. La familia Scavone también es propietaria de Vicente Scavone y CIA (Lasca), Laboratorios de Productos Éticos, V y T Farma, Laboratorios Galeno y otras empresas del rubro farmacéutico. El empresario Óscar Vicente Scavone fue asesor económico del expresidente Horacio Cartes y también presidió el Club Olimpia. Este grupo empresarial es uno de los mayores proveedores del Estado.

💼 Accionantes: Óscar Vicente Scavone Rivas, Felipe Carlos Resck Bonnin, Luis Alberto Zanotti Cavazzoni, Gabriel María Ávila Corvalán, Eleonora Scavone, Rosa María Giagni de Scavone, Rodrigo Resck Amaral, Juan Carlos Balmelli, Gloria Estela Rivas Llorens, Juan Carlos Scavone Mernes, Manuel Costas Fraga, Enrique Costas Scavone, María de los Ángeles Costas Scavone de Barreto, Laura Liz Barreto Costas, María Angélica Costas Pérez, Inocencio Elvio Barreto, Ramón Hugo Mera Scavone, Rafael Mera Scavone, Gonzalo Mera Scavone, Patricia Mera Scavone, Miguel Torio Scavone, Zunilda Bossi de Torio, Mirtha Forno Scavone de Balmelli, Diego Balmelli Forno, Bruno Balmelli Forno, Andrea Balmelli Forno, Carla Letizia Balmelli de Ruotti, Graciela Forno Scavone de Balmelli, Carla Forno Scavone de Achon, Cristina Portaluppi de Fleitas, Cecilio Juan Fleitas Duarte, Mónica Fleitas Portaluppi de Ramírez, Marcelo Fleitas Portaluppi, Gilda Portaluppi Scavone, Michelle Giralt Portaluppi, Gary Giralt Portaluppi, Eloy Boggino Villalonga, Myriam Scavone de Boggino, Arianna Boggino Scavone, Cinzia Boggino Scavone, Carla Boggino Scavone, María Teresa Marini de Rodríguez, Camila María Mauad Rodríguez, Santa Ana y San Joaquín, Marina Pía Scavone Gavilán, Paola María Scavone Gavilán, Maurizio Ubaldo Scavone Gavilán, Vicente Federico Scavone Gavilán, Pier Enrico Scavone Gavilán, Oliver Scavone Domaniczky, Angela Oddone Vda. de Scavone, María Julia Scavone de Daud, Tommaso Oddone Potenza, José Oddone Costanzo, Rolando Oddone Costanzo, Sergio Oddone Costanzo, Natalia Oddone Moreno, Jorge Giralt Scavone, María Celina Gómez Sanjurjo de Giralt, Dolores Giralt Scavone Vda. de Peroni, Luis Enrique Peroni Giralt, María Elena Giralt Badosa, Ana María Scavone Messina Vda. de Ferreiro, María Elena Zanotti Cavazzoni Ferrario, María Luisa Zanotti-Cavazzoni Vda. de Boettner, Noemí Uliambre Vda. de Zanotti-Cavazzoni, Carlos María Zanotti Cavazzoni Uliambre, María Lourdes Zanotti Cavazzoni Uliambre, Sofía Zanotti Cavazzoni Medina, María Angélica Riera Vda. de Zanotti Cavazzoni, Laura Beatriz Zanotti Cavazzoni Riera, Ángela María Zanotti Cavazzoni Riera, Amadeo Zanotti Cavazzoni Riera, Mario Luis Zanotti Cavazzoni Riera, José Alfredo Zanotti Cavazzoni Riera, Francesco Laurini Scavone, Giancarlo Laurini Scavone, Lucía Passalacqua, Vicenzo Passalacqua, Gerado Laguardia Chilavert
🧑‍💼 Accionistas y directores: No especificado
💼 Total accionantes: 80
🧑‍💼 Representante legal: Óscar Vicente Scavone, Felipe Carlos Resck, Luis Alberto Zanotti, Gabriel Avila, Juan Carlos Scavone
➡️ Sector: Farmacéutico
🏢 Proveedor del estado: Si
🧾 Adjudicaciones desde 2010: 176
💰 Monto adjudicado: Gs. 623.668.033.572
💰 Monto adjudicado en dólares: $ 87,313,524.70

Preguntas frecuentes sobre esta cobertura

Si tenés más preguntas escribí a elsurti@memetic.media

«Secreto en la patria contratista» es un registro de empresas que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 6355/19 ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta Ley obliga a cualquier empresa que tiene contratos con el Estado a presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas a la Contraloría General de la República (CGR), tal como deben hacer los funcionarios públicos. Acá podés conocer los antecedentes de dichas empresas, cuántos contratos tienen con el Estado, la cantidad de dinero público que recibieron y qué conexiones tienen con el poder político.

La declaración jurada es un documento que debe contener datos patrimoniales certeros sobre ingresos y egresos, inmuebles, vehículos, actividad agropecuaria, deudas, facturación, gastos administrativos y otros. En este caso, permite identificar a accionistas, directivos y otros con cargos similares en empresas o asociaciones, información relevante para conocer quiénes están detrás de las organizaciones y sus conexiones. Esto permite a su vez detectar posibles conflictos de intereses. Pero por ahora esta información no es pública.

La Sala Constitucional de la Corte suspendió los efectos de la Ley para las empresas que presentaron las acciones de inconstitucionalidad. Esto significa que, hasta que la Justicia dicte sentencia, esas empresas pueden seguir con sus negocios con el Estado sin rendir cuentas.

La Ley 6355/19 alcanza a:

Accionistas, directores, socios gerentes o similares de empresas y entidades que sean contratistas o concesionarios del Estado, así como toda persona física o jurídica que de algún modo contrate, preste un servicio o realice una obra para el Estado.

Autoridades, miembros del consejo directivo o similar, socios fundadores y/o cualquier otro integrante con cargo directivo o de gestión de asociaciones, fundaciones y demás personas jurídicas que reciban fondos o algún tipo de contraprestación del Estado, municipalidades, gobernaciones, entidades binacionales, empresas del Estado y/o cualquier entidad pública.

La constancia de presentación de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos es un requisito para participar en cualquier modalidad contractual con el Estado. La presentación ante la Contraloría se debe realizar dentro de los 15 días de concretarse y al término de la misma.

Utilizamos resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que suspenden los efectos de la Ley 6355/19. En total son 160 resoluciones de mayo a julio de 2020. Las copias de estos documentos fueron proporcionados por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte en respuesta a un pedido de información pública. También usamos información disponible en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), así como páginas oficiales de las empresas citadas y publicaciones de archivo de diferentes medios de comunicación para reconstruir los antecedentes de cada una.

Contiene información de 30 de las 160 empresas que hasta julio de 2020 presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 6355/19 ante la Sala Constitucional de la Corte. Para seleccionar esta primera treintena consideramos el ránking de los principales proveedores del Estado según la DNCP y la relevancia política: no todas las empresas son grandes contratistas pero son parte de grupos empresariales poderosos.  Este es un registro en construcción que ampliaremos de forma contínua.

Las resoluciones judiciales que usamos de fuente, en muchos casos, no especifican quiénes son accionistas y directivos, por lo que identificamos los nombres de personas físicas y jurídicas como “accionantes”. Señalamos “accionistas y directivos” solo cuando estos datos figuran en las resoluciones de la Sala Constitucional. También consignamos los representantes legales que aparecen en Contrataciones Públicas. 

El registro incluye información sobre el rubro en el que se desempeña cada empresa, si es o no contratista del Estado, así como la cantidad y monto en guaraníes de las adjudicaciones de 2010 a julio de 2020 que figuran en Contrataciones Públicas. En algunos casos, tanto el monto como la cantidad corresponden a una sola empresa y no a los consorcios que integran con otras firmas. El total de licitaciones adjudicadas que consignamos excluye las adjudicaciones canceladas, por lo que los números en algunos casos podrían variar. En la sección de “Antecedentes” detallamos más información sobre la empresa, sus dueños y vinculaciones.

Creamos este registro porque consideramos que es de interés público conocer cuáles son las empresas contratistas del Estado que se oponen a rendir cuentas, a pesar de que parte de sus ganancias provienen de las adjudicaciones de dinero que es público. Algunas, incluso, se han enriquecido a costa de grandes o numerosos contratos con instituciones estatales. 

También nos parece importante evidenciar el doble discurso que algunas manejan con el tema de la transparencia. Se movilizan con pedidos de achicamiento del Estado, ruidosas denuncias de corrupción a través de sus medios y oposición a una reforma impositiva más justa. Al mismo tiempo, utilizan su influencia para que la ciudadanía no pueda indagar sobre el origen de su propia riqueza cuando ésta tiene vínculos a contratos públicos.

Sin dudas. Este registro, como todo el trabajo que producimos en El Surtidor, es de acceso y uso libre. Podés utilizar y remezclar la información para el propósito que quieras. También distribuir con fines comerciales, remixando y compartiendo trabajos derivados.

Reportera investigadora: Romina Cáceres • Editora: Jazmín Acuña • Editor visual: Juan Heilborn • Diseñadora: Jazmín Troche • Desarollo web: Eduardo Ayala • Ilustradora: Lorena Barrios • Editoras de comunidad: Sara Campos & Guadalupe Acosta