En medio de las discusiones entre reducir o terminar con los combustibles fósiles, el sector de la agricultura suele no recibir la atención necesaria de las Conferencias de las Partes (COP), sede de las negociaciones climáticas internacionales. Su responsabilidad en la crisis climática está establecida – representa un tercio de las emisiones globales que calientan el planeta – así como la urgente necesidad de que el sector se pliegue a acciones más ambiciosas para frenar la crisis. En general la postura del agro ha fluctuado entre un negacionismo férreo al consenso científico y la postura dilatoria que busca deshacerse de su lugar en el banquillo de los acusados. En la COP28 que se realizará en Dubái, hay indicios de que esta posición dará un giro que, lejos de ser auspicioso, puede no solo evitar que asuman responsabilidades, sino ayudar a que otros actores, como las petroleras, laven su imagen con cuestionables créditos de carbono.

En la COP27 de 2022, tras cinco años de deliberaciones, la llamada “Labor Conjunta de Koronivia sobre Agricultura” decidió darse una prórroga de cuatro años más bajo un aún más complicado nuevo nombre — “Labor Conjunta de Sharm el-Sheikh sobre la implementación de la acción climática en la agricultura y la seguridad alimentaria”— y un solo mandato real: crear un sitio Web donde documentar proyectos y una síntesis del trabajo hecho hasta el momento.

El espacio, establecido en 2017 para juntar a gobiernos y actores relacionados a un sector que es víctima y victimario del cambio climático, “contribuyó para compartir conocimiento científico, pero las limitaciones persisten en trasladarlos en acciones climáticas concretas”, de acuerdo con un análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

El resultado fue “decepcionante” para Brent Loken, científico Jefe de Alimentación Mundial de World Wildlife Fund (WWF), quien indicaba que, aún si termináramos con los combustibles fósiles, solo con las emisiones del sector agropecuario bastarían para cruzar el límite del 1,5°C de calentamiento global. 

El Mercosur, con posición común

El Mercosur —bloque económico que reúne a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— tuvo mucho que ver con que cambie el nombre para que no cambie nada. Tras el anuncio, el entonces ministro de Agricultura de Paraguay, Santiago Moisés Bertoni, dijo que estaba satisfecho con el “logro de que la agricultura tenga su espacio propio en las discusiones climáticas”.

Fue en un evento organizado en el pabellón del Instituto Interamericano de Cooperación de Agricultura (IICA) de la COP27. Junto a Bertoni estaban Fernando Mattos, ministro de Agricultura de Uruguay, Fernando Zelder, secretario de Agricultura de Brasil, y Ariel Martínez, subsecretario de Agricultura de Argentina. Todos ellos afirmaron tener “una posición común” ante “toda esta narrativa contra nuestra agricultura”, según Zelder.

Para Mattos, “el riesgo que empieza a surgir es un neoproteccionismo basado en temas ambientales”. “Somos la única actividad productiva que captura carbono”, agregó el ministro, y completó que se necesitan “más herramientas biotecnológicas” para “evitar crisis alimentarias”.

Todo esto antes de repetir el grito sagrado de todos los representantes de agricultura del Mercosur, sean estos del gobierno o de las empresas, de izquierda o de derecha:

“Somos parte de la solución, no del problema.”

De negar el cambio climático a venderse como solución

La negativa a asumir responsabilidad sobre las emisiones de la agricultura, el interés en posicionarse en mercados de carbono a través de cuestionadas metodologías y el uso del cambio climático como argumento para apoyar la aprobación de paquetes biotecnológicos es el tridente de los argumentos repetido tanto por los gobiernos como por el agronegocio regional.

Comandados por los nuevos gobiernos de Lula Da Silva (izquierda) en Brasil y Santiago Peña (derecha) en Paraguay , el consenso de los commodities del Mercosur se mantiene en el conflicto por las nuevas cláusulas ambientales que la Unión Europea exige al bloque sudamericano para avanzar con el Tratado de Libre Comercio. Varias de estas cláusulas tienen que ver con una mayor ambición en las metas de mitigación al cambio climático y la actualización de los inventarios de emisiones, un pedido que los países europeos ya pusieron sobre la mesa en las negociaciones de la COP27.

En una reunión en el Congreso de Brasil, en mayo pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Lula, Mauricio Vieira, dijo que el texto convertiría los compromisos voluntarios del Acuerdo de París en “obligatorios”, y sugirió el riesgo de sanciones a Brasil si el país no es capaz de cumplir sus objetivos. También repitió lo que el ministro uruguayo Mattos había dicho cuatro meses antes en Egipto: evitar que “el ambiente se utilice como pretexto para medidas proteccionistas”.    

En este contexto, Santiago Peña anunció un ultimátum: si la Unión Europea no retrocede, en 2024, el Mercosur buscará pasturas más verdes en los mercados de Singapur y Emiratos Árabes Unidos. Peña debe asumir la presidencia del Mercosur en diciembre, justo antes de la COP28 que se llevará a cabo en Dubái, a la cual asistirá.  Paraguay negocia en las COP en la llamada Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) que incluye a Costa Rica y Colombia, pero se encuentra en negociaciones para pivotar al grupo de Argentina, Brasil y Uruguay (ABU).

Greenwashing regenerado

El conflicto se extiende al glifosato, ya que el agronegocio del Mercosur está a la espera de una nueva aprobación de su uso en Europa. Tras años de resistencias de comunidades, investigaciones censuradas, espionaje a críticos, procesos judiciales y la calificación de “potencialmente cancerígeno” por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los gremios de productores de soja del Mercosur ahora defienden al cuestionado herbicida —del cual dependen grandes lobbies como Cargill y Archer Daniels Midland Company (ADM)— con argumentos climáticos. “El glifosato es una herramienta en los sistemas de agricultura regenerativa (…) promoviendo la biodiversidad, generando resiliencia y reduciendo la huella de carbono”, aseguran.

“Agricultura regenerativa” es un concepto que ha sido empujado durante la última década por el agronegocio. En teoría, se trata de aplicar medidas para mantener o capturar carbono en el suelo en vías de equiparar o incluso tener “saldo positivo” de emisiones.

Al igual que “carbono neutral”, es un concepto que parece tener un significado diferente según quien lo utiliza. Mientras multinacionales y gremios lo hacen para justificar la aplicación del glifosato, el popular documental “Kiss the Ground” sostiene que significa abandonar todos los agroquímicos. Y, aunque un meta-análisis publicado en Nature en 2023 no encontró evidencias sobre la captura de carbono de la agricultura y la ganadería como medida contra el cambio climático, en Argentina ya existen varios proyectos que venden ese supuesto carbono en los mercados voluntarios.

En marzo de este año, gremios del agronegocio y medios de comunicación afines de ese país y de Paraguay crearon una campaña de desinformación utilizando un estudio de la NASA para decir que el sector era “un sumidero de carbono”. Pero, esto fue desmentido por uno de los científicos que aparece como autor del estudio. El mismo argumento se esgrimió para defender la ley de Mercados de Carbono que el Congreso paraguayo aprobó en septiembre de 2023, y que incluye a la agricultura y a la ganadería como vendedores de créditos.

Un dato más: entre los objetivos del nuevo grupo de Agricultura que se estrenará en Dubái se incluye empujar el “manejo del carbono en el suelo”, un tema que, en conjunto con la llamada agricultura regenerativa, aparecen entre los principales puntos del proyecto que Emiratos Árabes Unidos busca impulsar en la próxima COP junto a empresas como Nestlé.

Este reportaje se hizo en el marco de la beca para la producción de trabajos periodísticos sobre la COP28 otorgada por Periodistas por el Planeta (PxP)