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Deliverys arriesgan su salud haciendo repartos en la capital de Paraguay, donde las islas de calor se multiplican al ritmo de la construcción de edificios que no se adaptan al clima.
Fenómenos
Revista impresa
Investigación en alianza con Pulitzer Center
Copublicación con América Futura de El País
Publicado: 10·06·2025
Cuando Irene Brizuela escuchó el ruido por primera vez, aquella medianoche de junio del 2024, pensó que era un enjambre de abejas. Pero eso que a ella le parecía un zumbido infinito, para su hijo de cinco años fue el detonante de una crisis.
«Él es un niño dentro del espectro autista; es no verbal. La primera vez que escuchó ese sonido comenzó a llorar y temblar. Le encerramos en la pieza para que no escuche, para que no tuviera miedo del sol o de la luna; porque él no sabía de dónde venía el ruido. Así vivimos los seis meses».
Brizuela, una enfermera de 32 años, vive con su hijo y su marido a doscientos metros de una criptogranja de bitcoin en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Villarrica, departamento del Guairá, distante a unas tres horas de Asunción, capital de un país altamente vulnerable a la crisis climática. La minera está a nombre de Dyn Ingeniería S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Bitfarms que cotiza en las bolsas de Nueva York y Toronto.
Al igual que Irene y su familia, sus vecinos tampoco volvieron a dormir.
El contador José Luis Figueredo empezó a tomar pastillas intentando conciliar el sueño. Para él, que vive a ochocientos metros de la granja, el ruido era como si un semirremolque estuviera en marcha las veinticuatro horas del día dentro de su casa.
«Llega un momento en el que tu salud mental está muy afectada. Yo pensaba “voy a tirar una bomba por la columna y que se caiga todo el tendido eléctrico”. Me afectó bastante. Mi temor era depender de un medicamento para poder descansar, porque llegué a tomar entre tres a cuatro veces a la semana».
La granja se erige sobre una de las alturas del pequeño valle que conforma la compañía Cañada San Juan del barrio Santa Lucía. Tiene cinco tinglados o “almacenes”, murallas de chapa, portones negros y un puesto de vigilancia para las cinco hectáreas del predio. Adentro hay aproximadamente dieciséis mil doscientos procesadores operando, según el análisis que hicimos del informe financiero 2024 de Bitfarms. Las máquinas están 24 horas intentando adivinar acertijos matemáticos para generar criptomonedas como bitcoin, la más popular entre ellas. Este proceso, llamado minería, exige una enorme cantidad de electricidad.
Por ejemplo, solo esta granja de Bitfarms consumió 201,889,600 kilovatios hora (kWh) de julio a diciembre de 2024, de acuerdo con datos que solicitamos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Al comparar esto con el consumo de electricidad de la población urbana del país, que el Viceministerio de Minas y Energías estimó en 4.252 kWh por hogar en 2023, tenemos que la criptominera usó en solo seis meses lo que 47 464 familias paraguayas consumirían en un año.
Para que las máquinas no se sobrecalienten por funcionar todo el día, la planta cuenta con un sistema de refrigeración. El mismo reporte de Bitfarms detalla que 14 400 de ellas se refrigeran con ventiladores y extractores, mientras que las 1800 restantes se mantienen con refrigeración líquida.
El ruido que atormentó al barrio Santa Lucía entre junio y noviembre de 2024 proviene de los procesadores, ventiladores y extractores de aire caliente que regulan la temperatura. Los pobladores convivieron con eso hasta que lograron que la Fiscalía impute por emisión de ruidos dañinos al responsable de Bitfarms. Pero antes recurrieron sin éxito a sus autoridades locales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
En esta investigación, una copublicación con América Futura de El País, encontramos que hubo irregularidades en los procesos de la municipalidad de Villarrica y del Mades, que permitieron a Bitfarms operar en una zona residencial con casas a menos de cincuenta metros y emitiendo ruidos que dejaron secuelas en la salud de los pobladores.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar la exposición a sonidos que superen los 70 decibeles —similar al ruido de una aspiradora—. Así, una persona dentro de un automóvil que se expone al ruido del tráfico, que promedia los 85 decibeles, no debería sobrepasar doce horas semanales en esa situación. Mientras que, para poder descansar, el sonido ambiente debe ser inferior a los 40 decibeles.
Los vecinos de Santa Lucía estuvieron expuestos veinticuatro horas a niveles que superaron los límites recomendados por la OMS e, incluso, la regulación local. La ordenanza N.° 31/2024 de la municipalidad de Villarrica establece que el máximo permitido en zonas urbanas es de 70 decibeles de día y 55 de noche. Pero una medición realizada por su departamento de Medio Ambiente, en julio de 2024, arrojó que la granja de Bitfarms emitía 75 decibeles a las once de la mañana.
La psicóloga e investigadora Maureen Montanía señala que la exposición prolongada al ruido, como el emitido por la criptogranja, hace que una persona viva en constante estrés, lo que puede causar mayor ansiedad, depresión y falta de sueño. Explica que, en el caso de personas dentro del espectro autista, esto empeora, porque tienen una mayor sensibilidad a los sonidos, lo que se conoce como hiperacusia. Compara esta experiencia con escuchar una motosierra todo el día, a pesar de usar auriculares. «Es un nivel de tortura tremendo».
Luz Aranda usa la misma palabra para describir lo que vivió durante los casi seis meses: tortura. La primera vez que escuchó el ruido, pensó que era un torno. Se despertó de golpe a las dos de la mañana de un día de junio de 2024, y desde entonces no pudo descansar. «Empecé a llorar. Mi marido me dijo “¿qué te pasa?”. Y ahora recuerdo y me afecta otra vez. Siento mucha impotencia, mucha rabia. Tenía ganas de ir a romper algo. Eso nunca me pasó».
Aranda es psicóloga y directora del departamento de Salud Mental del Hospital Regional de Villarrica. Vive con su esposo, Juan Enriquez, en una casa que construyeron hace diez años en el barrio Santa Lucía. Están a aproximadamente setecientos metros del origen del ruido. Para ella y su pareja, esos meses sin dormir fueron una forma de sometimiento y abuso psicológico.
Los efectos del ruido en la salud están ampliamente estudiados. El metaanálisis Association between Noise Annoyance and Mental Health Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis de 2022, revela que la exposición al ruido aumenta 55 % el riesgo de ansiedad y 119 % los problemas de salud mental en general. Otro estudio de 2013, Auditory and non-auditory effects of noise on health, demuestra que niños expuestos a ruidos de tráfico rodado, ferroviario y de aeronaves, tienen menos capacidad de lectura, memoria y rendimiento escolar.
El otorrino Fernando José Cubilla Moro, especialista en audiología ocupacional y contaminación acústica, señala que la exposición a un ruido continuo puede producir lesiones en el oído interno y llevar a la disminución de la capacidad auditiva. También puede aumentar la producción de cortisol por el estrés y producir daños en el sistema cardiovascular —como la hipertensión— e inmunológico.
Durante casi seis meses, los pobladores soportaron el ruido continuo de una empresa que se impuso en su barrio. Pero Bitfarms no es el único caso. Un memorando de noviembre de 2024 revela que la municipalidad permitió otras ocho criptomineras en zonas residenciales o comerciales de Villarrica.
Un delirio de la fiebre del bitcoin que vive el país.
La hidroeléctrica Itaipú, donde Brasil y Paraguay son socios en partes iguales, se define como “líder mundial en generación de energía limpia y renovable”. Con una capacidad de catorce mil megavatios (MW), la central ubicada sobre el río Paraná cubre el 9 % del consumo eléctrico brasileño y el 86 % del paraguayo, según la entidad. Pero Paraguay, que tiene poco más de seis millones de habitantes, escasa industrialización y depende de combustibles fósiles importados para moverse, no utiliza toda su energía y cede sus excedentes a Brasil a precio preferencial (esto es, inferior a valores del mercado); lo mismo que hace con Argentina, su socio en la hidroeléctrica Yacyretá.
Los excedentes energéticos, sobre todo de Itaipú, han estado en el centro del debate político debido a que en agosto de 2023 se cumplieron cincuenta años del tratado que originó la hidroeléctrica, lo que habilita a revisar con Brasil una parte del acuerdo (el Anexo C). Y en la última década, se convirtieron en el centro de interés de las criptomineras.
En un relevamiento para la organización Tedic, la historiadora Belén Cantero sitúa en 2017 el inicio de la criptominería a gran escala en Paraguay. El epicentro de esta primera oleada de inversores extranjeros fue Villarrica, donde opera la canadiense Bitfarms. Ahí, la Compañía de Luz y Fuerza S. A. (Clyfsa) vende electricidad más barata, gracias a un fallo judicial que le permite comprar energía de la Ande a un precio menor.
Con el crecimiento de la criptominería, la potencia energética que exigen las megagranjas, que tienen miles de procesadores, aumentó. Y como Clyfsa no tiene la capacidad de cubrir toda esa demanda, las empresas optaron por comprar de la Ande. Hasta marzo de este año, 46 criptomineras tenían contratos con la empresa estatal, de acuerdo con un pedido de información pública. Solo en 2024, este sector contrató de la Ande energía suficiente para abastecer una ciudad de 750 000 habitantes, un poco más de la población de Asunción, por más de 100 millones de dólares (₲ 798 000 millones). Este registro no incluye a las ocho criptomineras que compran de Clyfsa, ni a las granjas ilegales que roban energía.
En la actualidad, el departamento de Alto Paraná, fronterizo con Brasil y Argentina, es el principal destino de las grandes inversiones de criptominería por la capacidad eléctrica instalada en esa zona, donde están la represa de Itaipú y grandes subestaciones de la Ande, como la de Yguazú. Ese es el caso de las compañías Muiden, Hive y Penguin, todas ubicadas en el Este del país.
En junio de 2024, la Ande aumentó la tarifa eléctrica para las criptomineras, que hoy pagan entre 44,34 y 59,76 dólares el megavatio hora más el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a funcionarios de la empresa estatal. Según el empresario Juan José Benítez Rickmann, presidente de la Cámara Paraguaya de Minería de Criptoactivos y director de Digital Assets S. A., 35 empresas dejaron de operar tras el incremento, la mayoría de capital paraguayo. Dice que él también analiza trasladar sus operaciones a otro país, como Bolivia, donde la electricidad es más barata, aunque más contaminante porque proviene del gas fósil. Para Benítez Rickmann, invertir en criptominería en Paraguay dejó de ser rentable.
Sin embargo, un reporte del corresponsal Caio Ruvenal de El País en Bolivia indica que la criptominería basada en gas es inviable hasta que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la apruebe. El ingeniero Diego Monroy, impulsor del uso de gas para criptogranjas en Bolivia, dijo a El País que la única forma de que las criptomineras migren y sean rentables «es que se les otorgue energía barata o que se les permita utilizar recursos que actualmente se desperdician, como el flare gas (gas residual)».
A diferencia de Paraguay, la mayor parte de la energía que utiliza la criptominería en otros países se genera a partir de combustibles fósiles, lo que aporta grandes cantidades de los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Un estudio de las Naciones Unidas revela que la minería de bitcoin emitió 85.89 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente entre 2020 y 2021, similar a las emisiones de Paraguay en 2019. Pero ese no es su único impacto ambiental. La investigación señala que cada transacción de bitcoin utiliza en promedio dieciséis mil litros de agua, «suficiente para llenar una piscina de jardín».
El impacto más significativo de la criptominería en Paraguay, un país altamente vulnerable a la crisis climática, es su consumo intensivo de la electricidad. La producción de la misma es vulnerable a los embates del clima, como la prolongada sequía que asoló Sudamérica desde 2019, periodo en el que el río Paraná alcanzó sus niveles más bajos en 80 años. Solo el año pasado, la generación de Itaipú cayó un 20 por ciento debido a esto.
Para el investigador Guillermo Achucarro, doctorando en Ciencias y Tecnologías Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, la criptominería es extractivismo puro, un modelo económico que se da «cuando empresas privadas extraen recursos naturales para beneficio extranjero, por lo general del norte global, sin que quede nada de valor agregado en tu país».
Bitfarms tiene operaciones en Estados Unidos, Canadá, Argentina y Paraguay. De acuerdo con su informe financiero de diciembre de 2024, ese año obtuvo ingresos por 192.8 millones de dólares (₲ 1.5 billones). El 13,5 % de ese monto (25 960 000 dólares) proviene de las dos granjas que tiene en el barrio Santa Lucía de Villarrica. Una de ellas contrató 10 megavatios de Clyfsa, y la otra, la denunciada por contaminación acústica, compró 70 megavatios de la Ande. Junto al centro de datos de Argentina, ubicado en la ciudad industrial de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, representan el 30 % de sus ingresos.
Solo una de sus granjas en Villarrica consumió 201 000 megavatios en cinco meses (de julio a diciembre) el año pasado y pagó a la Ande 10,4 millones de dólares (₲ 82 000 millones), según un pedido de información pública. La compañía canadiense tiene 44 trabajadores que aportan a la seguridad social en Paraguay, de acuerdo con datos que el Instituto de Previsión Social (IPS) nos entregó en marzo de 2025.
La empresa vendió en marzo de este año el proyecto de su megagranja en Yguazú, Alto Paraná, a Hive Digital Technologies por 63 millones de dólares. En ese entonces, el CEO de Bitfarms, Ben Gagnon, declaró a los medios que estaban redireccionando sus inversiones al norte global, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump se manifestara a favor del sector. Este año, Trump ordenó la creación de una reserva de bitcoin para EE. UU.
La decisión se da en un contexto global de cambios regulatorios. China prohibió la criptominería y las transacciones con criptomonedas en 2021, mientras que El Salvador legalizó el bitcoin como moneda de curso legal el mismo año y lo revirtió temporalmente por presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2025. En Argentina el sector cripto se vio golpeado por el aumento de las tarifas eléctricas y la eliminación de subsidios, además de la estafa de la criptomoneda $LIBRA promovida por el presidente Javier Milei, reporta Javier Lorca, corresponsal de El País.
El reporte financiero de Bitfarms también detalla que invirtió 27.5 millones de dólares en el desarrollo de los almacenes de refrigeración a aire (con ventiladores y extractores de aire), el sistema de refrigeración líquida y la instalación del sistema eléctrico de la granja. La empresa cita la contaminación acústica y la oposición de comunidades como riesgos para sus operaciones, si bien no menciona el caso de Villarrica ni la imputación a uno de sus representantes en Paraguay, un estándar de transparencia de las empresas que cotizan en Nasdaq, una de las bolsas de valores de Estados Unidos.
Cuanto más fuerte era el ruido en la madrugada, más ladraban los perros de Héctor Pereira. En su casa, a 250 metros de la granja de Bitfarms, nadie podía dormir. «Era infernal. El ruido estaba en todos lados, traspasaba las paredes. Fueron seis meses de sufrimiento constante», recuerda.
Pereira es presidente de la comisión vecinal Trompo Arasá del barrio Santa Lucía, que aglutina a las familias afectadas por la granja de criptominería. El 18 de julio de 2024, presentó una denuncia contra Bitfarms por la emisión de ruidos ante el departamento de Medio Ambiente de la municipalidad de Villarrica.
Al día siguiente, 19 de julio, acompañó a la directora de esa sección, Viviana Aponte, a medir los sonidos. La medición a las once de la mañana arrojó 75 decibeles a cien metros de la granja, lo que supera los niveles permitidos en zonas urbanas, que es de 70 decibeles de día y 55 de noche, según la ordenanza N.° 31/2024. Todo esto quedó registrado en el Acta 31.
La directora Aponte debía enviar ese informe al Juzgado Municipal de Faltas, como indica la ordenanza 81/2005 de Villarrica. Pero no lo hizo. «Duele decirlo, pero nuestro propio municipio es cómplice, en vez de proteger a la comunidad. Yo firmé el Acta N.° 31», lamenta Pereira.
Luego de la denuncia de los vecinos y la primera medición, Bitfarms patrocinó eventos de la municipalidad. En septiembre, fue el mayor sponsor de una corrida de atletismo, y en octubre auspició el Festival de la Raza, un histórico espectáculo musical de Villarrica, según constatamos en publicaciones y fotografías en las redes de la comuna y del intendente Magín Benítez. Pedimos a la intendencia, vía acceso a la información pública, los contratos de patrocinio y los montos pagados por la empresa. Respondió que esa información «no obra en la oficina administrativa municipal, dado que los contratos de auspicio no involucran fondos públicos».
Pese al revés en la municipalidad, los pobladores no se dieron por vencidos. El 14 de agosto, Pereira denunció a Bitfarms ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Tres semanas después, el 4 de septiembre, los funcionarios fiscalizaron la granja y apuntaron que la empresa estaba gestionando materiales para amortiguar la emisión de ruidos. Pero no midieron decibeles ni registraron en su informe la cercanía con las viviendas de los denunciantes. Cuando el Mades concedió la licencia ambiental a la planta, requisito para gestionar los demás permisos ante otras instituciones, también omitió que se instalaría en un vecindario, con casas a menos de cincuenta metros.
Tres meses después de la denuncia en la municipalidad, el 9 de octubre, Aponte hizo un segundo procedimiento para evaluar los sonidos, esta vez en el predio de Bitfarms, junto con representantes de la empresa y sin los vecinos. Esta nueva medición se hizo frente a cada uno de los cinco almacenes dentro de la planta. En los cinco casos, arrojó niveles por encima de lo permitido (de 71, 6 decibeles hasta 91,5), de acuerdo al registro del Acta N.º 36. Con este documento, Aponte envió la denuncia al Juzgado de Faltas.
El hecho de que la municipalidad no convocó a los denunciantes en esta segunda medición agravió a los vecinos. Para Juan Enriquez, que vive a setecientos metros de la granja con su pareja Luz Aranda, fue una afrenta. «¿A quién vas a llamar cuando tenés que hacer una medición acusando a alguien, al que comete el delito o al pueblo que está denunciando?».
La comisión vecinal recurrió entonces a la Policía Nacional y presentó dos denuncias contra la empresa. Así el caso llegó hasta la Fiscalía.
El 14 de noviembre, el entonces fiscal del Ambiente, Erico Ávalos, imputó por emisión de ruidos dañinos a Juan Ignacio Marcilio, representante de la planta de Bitfarms. Para la imputación, usó como indicio el Acta 31 de la primera intervención realizada por la municipalidad el 19 julio, que constató que la granja superaba los niveles permitidos de sonidos.
El artículo 198 del Código Penal establece que, cuando se trata de actividades industriales o comerciales que emiten ruidos capaces de dañar la salud de las personas fuera de la instalación, la pena privativa de libertad puede ser aumentada hasta diez años.
Los pobladores de Santa Lucía coinciden en que el zumbido de la criptogranja disminuyó a finales de noviembre, después de la imputación a Marcilio.
A la par, el proceso administrativo de la municipalidad también tuvo una definición. El 9 de diciembre, el juez de Faltas Luis Leiva sobreseyó al representante de Bitfarms, basándose en mediciones del 12 y 19 de noviembre (cuando ya existía la imputación fiscal y la planta había disminuido el ruido) que marcaron niveles por debajo de los 50 decibeles.
Sobre el punto, la Ley 6390/2020 Que Regula la Emisión de Ruidos, faculta a las municipalidades a sancionar a los infractores con multa de entre cinco y cincuenta jornales (68 dólares y 681 dólares, respectivamente), la suspensión del funcionamiento hasta por seis meses, y la inhabilitación, en caso de reincidencia.
En febrero de este año, el equipo de El Surti estuvo en Villarrica y pidió una entrevista a Marcilio para conocer su versión, pero no accedió. «Los tiempos de las corporaciones no son los tiempos del periodismo», dijo el empresario en una llamada telefónica y pidió contactar al área de Comunicaciones de la casa matriz de Bitfarms en Canadá. Así lo hicimos.
El Surti solicitó a Bitfarms vía correo electrónico un comentario sobre la causa judicial, además del permiso de ingreso a la planta para conocer las adecuaciones acústicas que se había comprometido a hacer. La respuesta a este último pedido fue negativa. La compañía se posicionó sobre el caso de contaminación sonora con un párrafo que solicitó se atribuya a “un portavoz de Bitfarms”:
«Hemos trabajado estrechamente con la municipalidad de Villarrica, Paraguay, y la comunidad local para resolver este tema. La ciudad se había puesto en contacto con nosotros respecto de este asunto y ahora quedó conforme. Bitfarms opera en pleno cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios en todas las jurisdicciones donde tiene presencia. Continuando profundamente comprometidos con el bienestar de las comunidades en las que operamos, con especial dedicación a la transparencia y tomando el rol de un socio responsable a largo plazo».
Durante la cobertura en Villarrica, también le pedimos al juez de Faltas Luis Leiva que explique por qué sobreseyó a Bitfarms. Vestido de traje y corbata celeste, el abogado nos recibió en una de las oficinas municipales. Reconoció que los vecinos no estaban de acuerdo con su decisión. Dijo que recién cuando terminó el sumario supo que existía el Acta N.° 31, el documento de la primera medición que registró niveles de sonidos por encima de lo permitido.
Sin embargo, en el mismo expediente de la causa figuraba un informe del departamento de Catastro Municipal, basado en la ordenanza 31/2024 de Villarrica, que indica que el barrio Santa Lucía es una «zona urbana concentrada» y que en dicho sitio «no se permiten industrias molestas». El juez admitió que tampoco tuvo en cuenta la propia ordenanza, que ya estaba vigente al momento de la denuncia y que está adecuada a la ley de ruidos de 2020.
Esa misma mañana, la funcionaria Viviana Aponte respondió a las consultas de El Surti. De directora del departamento del Medio Ambiente, Aponte ascendió a asesora personal del intendente Magín Benítez, meses después de la denuncia contra Bitfarms. Le preguntamos cómo era el ruido de la criptominera el día que hizo la primera medición y esto respondió:
«Zumbante. No es un ruido elevado, no es un ruido que cause molestia por estar dos o tres horas. Es un ruido continuo. Es como si tuvieras un silbato que veinticuatro horas esté en tu oído. O te afecta o tu sistema se acostumbra. El ser humano es complejo y no somos todos iguales».
Aunque a la funcionaria no le resulta molesto “un silbato veinticuatro horas” en el oído, a los vecinos de Santa Lucía sí. A seiscientos metros de la criptogranja vive el pastor Juan Andrés Bozzano, un hombre de pelo negro, bigote marcado y que se toma el tiempo para responder. En una noche de lluvia, nos recibió en la iglesia en la que oficia para contarnos lo que vivió.
«Me dio rabia. Fui a casa para contarle a mi esposa que la municipalidad sobreseyó de culpa y pena a la criptominera, y ahí me desahogué. Lloré de rabia. Tengo casi sesenta años, no soy un niño, no soy emocional. Pero te da una impotencia que se hayan burlado de vos, que no te hayan ayudado. Porque se les compró. No sabés qué hacer, solo sufrir», recuerda.
La primera vez que escuchó el ruido, le recordó a la turbina de un avión a punto de despegar, pero que no se detenía. Aunque había construido su casa lejos de la ciudad para disfrutar del silencio y la calma, eso cambió. Con el zumbido que envolvía el barrio, sus encuentros de los fines de semana con los nietos se vieron truncados. El ruido lo alejó de su familia.
Insistimos en conversar sobre el caso con el intendente de Villarrica, Magín Benítez. Luego de varios intentos, nos confirmó que el 4 de abril declaró la nulidad del sobreseimiento de Bitfarms por irregularidades en el proceso sumario y ordenó que se reinicie la causa administrativa, teniendo en cuenta todas las pruebas y las partes involucradas.
La primera granja de criptominería que Bitfarms instaló en Villarrica está ubicada en la fracción María Inocencia, a menos de un kilómetro en línea recta de la otra planta denunciada por los vecinos de Cañada San Juan, también del barrio Santa Lucía. Se terminó de construir en diciembre de 2021 y es más pequeña que la segunda. Está pegada a la subestación de Clyfsa, que le provee energía, en un terreno a nombre de Luis María Ocampos, presidente de Clyfsa, según los datos públicos de la web de Catastro. Y está al lado de la casa de Denise Báez, a quien visitamos durante nuestro recorrido por la ciudad.
Báez vive en esta fracción del barrio Santa Lucía desde diciembre de 2018. Tres años después, la criptominera comenzó a operar y ella no volvió a descansar. Aunque lograba dormir, se despertaba todos los días con un pesar en la cabeza, como si su mente no hubiera dejado de trabajar. Cuando se enteró que los vecinos de Cañada San Juan protestaron por la polución sonora de la granja más grande, se unió a ellos para exigir justicia.
«Ya me cansé, me hartaron. Mi hijo tiene cinco años y más de la mitad de su vida ha convivido con el zumbido de la criptominera», reclama.
A pesar de que esta granja está al lado de la casa de Báez, y rodeada de otras viviendas en las que también habitan familias, el Mades le concedió la licencia ambiental. El 13 de noviembre de 2024, el ministerio emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 2259/24 para esta planta de Bitfarms, ubicada en el padrón 3573. Esto significa, además, que la granja operó sin el permiso del Mades al menos durante tres años.
Báez cuenta que dejó de escuchar los ruidos de la granja entre las siete de la tarde y las siete de la mañana desde finales de noviembre del año pasado, en coincidencia con la imputación de Marcilio, representante de la empresa canadiense.
María Sol Arrúa, quien vive a doscientos metros de la minera, lleva un tratamiento psiquiátrico por el estrés postraumático que le causó la exposición al ruido. Hoy no puede escuchar sonidos fuertes sin tener un ataque de ansiedad. A esto se suma que su abuelo murió en diciembre pasado. Él también padeció ese ruido omnipresente.
«No me detengo a pensar porque me da mucha rabia. Los últimos días de mi abuelo fueron de calidad cero, no pudo volver a disfrutar de un jardín que él cultivó», recuerda. A pesar de trabajar en la municipalidad de Villarrica, Arrúa es una de las vecinas que impulsa la causa ante el Juzgado de Faltas municipal y el Ministerio Público.
Juan Enriquez, otro de los vecinos que denunció a Bitfarms, hoy tampoco tolera los sonidos fuertes por el estrés postraumático. Durante casi seis meses, soportó ese ruido que él compara con una sirena de emergencia o “un enjambre de abejas pegado al oído”.
Para la psicóloga Maureen Montanía, lo sucedido en Villarrica exige una intervención psicológica a nivel comunitario. Explica que cuanto más tiempo una persona o una comunidad está expuesta de forma sistemática a un fenómeno, las asociaciones quedan impregnadas en el cerebro y el trauma perdura. Un ejemplo es el ruido que, aunque se haya ido, los vecinos asocian con sus hogares, sus calles y su barrio.
«Con la exposición al ruido, no se comprometió solo un entorno, sino ciclos de vida enteros, desde niños hasta adultos mayores. Por lo tanto, la respuesta de las autoridades y los responsables debe ser proporcional al daño causado. El cerebro no se puede recuperar solo», refiere Montanía.
La investigación penal, ahora a cargo de la fiscala ambiental Jadiyi Ortiz, realizó evaluaciones psicológicas de los vecinos para determinar las secuelas del ruido. El 13 de mayo, Ortiz presentó la acusación contra Marcilio, representante de Bitfarms, y pidió elevar la causa a juicio.
Los vecinos esperan que las instituciones sancionen a los responsables y que exista un resarcimiento a las víctimas.
Pero para Enriquez, esto no basta.
«La ira la tengo todavía. Eso no se va a curar de un día para el otro. El daño está hecho. Los meses de tortura, los que no podíamos dormir, ¿quién nos devuelve?».
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Investigación: Josué Congo · Edición: Romina Cáceres · Fotografía: Elisa Marecos & Sandino Flecha · Edición visual: Jazmín Troche & Alejandro Valdez Sanabria · Diseño e ilustraciones: Naoko Okamoto & Robert Báez · Video: Milena Coral · Coordinación El País: Lorena Arroyo Valles · Documentación El País: Caio Ruvenal (Bolivia) & Javier Lorca (Argentina) · Fixer: Pablo Gastón Ortiz
Este reportaje se publicó en El Surti impreso de junio de 2025.
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